Salvaje agresión en el fútbol amateur: imputan a tres jugadores por una brutal golpiza a la terna arbitral

Un violento episodio que manchó el normal desarrollo del fútbol amateur en la región derivó en la formulación de cargos penales contra tres futbolistas. El hecho ocurrió a mediados de noviembre de 2025, cuando se disputaba un partido entre los equipos Transporte Hernández y Medanito, ambos vinculados a la industria petrolera.

Lee también: La Justicia habilitó definitivamente el ingreso de carne con hueso a la región

Según la reconstrucción judicial, todo comenzó a descontrolarse alrededor de las 15:20 horas, cuando el árbitro principal del encuentro tomó la decisión de expulsar a un jugador del conjunto de Transporte Hernández tras haber agredido previamente a uno de los jueces de línea. Lejos de acatar la sanción, la situación en el campo de juego escaló de manera drástica.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, un segundo jugador del equipo sancionado se sumó a las agresiones y le propinó un fuerte golpe de puño en el rostro al árbitro. Acto seguido, la autoridad principal recibió un segundo impacto cerca de la nuca y, tras caer de rodillas al suelo, continuó siendo atacado a patadas, sufriendo una dolorosa lesión en la boca. Por su parte, el juez de línea intentó intervenir para asistir a su compañero, pero también fue interceptado por los agresores, recibiendo una trompada en el pómulo izquierdo que lo hizo desplomarse y golpearse nuevamente.

Este repudiable hecho de violencia deportiva tuvo lugar en un predio de la ciudad de Catriel. En una reciente audiencia virtual llevada a cabo desde la jurisdicción de Cipolletti, la fiscalía avanzó formalmente contra los tres hombres involucrados, acusándolos en calidad de autores del delito de lesiones leves en contexto de un espectáculo deportivo.

Los informes médicos presentados en la causa confirmaron que las heridas sufridas por la terna arbitral fueron de carácter leve, con un tiempo estimado de curación inferior a los 30 días. Ante los hechos expuestos, la defensa oficial no presentó objeciones, por lo que la jueza de Garantías interviniente procedió a habilitar el inicio del proceso de investigación, otorgando un plazo de cuatro meses para profundizar el caso.