Causa contra Adorni: las jubiladas prestamistas confirmaron que el funcionario les debe US$70.000

El entramado en torno a la investigación por soborno y presunto enriquecimiento ilícito por parte del alto funcionario Manuel Adorni ha tomado un nuevo giro que podría complicar aún más su situación legal. Durante la última audiencia en los tribunales porteños, el testimonio de dos mujeres de la tercera edad, madre e hija respectivamente, ha puesto de relieve una deuda pendiente que podría ser crucial para el caso.

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Graciela Molina de Cancio y su hija Victoria Cancio aportaron pruebas contundentes que confirman la existencia de una deuda de 70 mil dólares por parte de Adorni, luego de haberle otorgado originalmente un préstamo de 100 mil dólares para la compra de un prominente departamento ubicado en la conocida avenida Asamblea, en la capital federal, específicamente en el tradicional barrio de Caballito. Esta declaración llega en un momento crítico en el que la causa ha comenzado a concentrar la atención pública debido a las graves acusaciones de corrupción en torno al funcionario involucrado.

El fiscal encargado, Gerardo Pollicita, tiene ahora más elementos para analizar el acuerdo financiero privado que vincula a Adorni con las ancianas prestamistas. Será imprescindible aclarar si este préstamo formó parte de un acuerdo estructurado entre partes privadas o si fungió como un medio para disfrazar el verdadero flujo y origen de los recursos financieros del implicado.

Las recientes declaraciones contribuyen a reforzar la línea de investigación que busca desentrañar las complejidades detrás del aparente enriquecimiento del funcionario. Simultáneamente, el expediente cobra relevancia en cuanto al papel crucial del monitoreo de las operaciones inmobiliarias por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF), especialmente cuando se trata de personas políticamente expuestas que están obligadas a notificar todas sus transacciones.

El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires ha reiterado la necesidad de ceñirse a estas normativas, señalando que, sin excepción, toda operación de compra-venta por parte de funcionarios públicos debe ser reportada al organismo pertinente bien antes, durante o inmediatamente después de su conclusión, con el propósito de garantizar la total transparencia de las mismas.

Esta aseveración se da en medio de la controversia sobre la función de la escribana involucrada en la firma del acuerdo de compra de dicha propiedad, cuya transparencia en operaciones ahora está bajo escrutinio.