Ya se perdieron 20.000 empleos en la Industria Textil desde fines de 2023

La industria textil de Argentina enfrenta una de las peores crisis de su historia con la pérdida de 20.000 empleos desde 2023. La Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) ha registrado una caída interanual del 23,9% en la producción industrial textil dentro del primer mes de 2026, según su último informe, alcanzando mínimos históricos desde que comenzaron a llevar el registro en 2016. Este declive se asocia directamente con un drástico subutilización de la capacidad instalada del sector.

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En este contexto, la capacidad operativa se encuentra en condiciones alarmantes. Mientras que la industria nacional promedio opera al 53,6% de su capacidad instalada, el sector textil solo usa el 24%. Esta insuficiencia operacional una pérdida preocupante de 11,4 puntos porcentuales en comparación al mes anterior, destacando la necesaria vuelta de los trabajadores a sus empleos y la revitalización productiva como cuestión urgente.

Uno de los elementos más alarmantes es el incremento del desempleo vigente. En comparación con diciembre de 2025, donde 100.000 empleados laboraban formalmente en los rubros de confección, cuero y calzado, actualmente, son 12.000 menos, lo que representa una continuidad de deterioro desde principios de 2024. La tendencia es clara y profundamente negativa, acumulando una cifra preocupante desde finales de 2023.

Otro problema significativo son las prácticas de subfacturación en las importaciones textiles. Según FITA, más del 70% de los productos importados se cotizan a niveles muy por debajo de los antecedentes históricos, lo que desacelera la competitividad de los productos nacionales y sumerge al mercado local en un desbalance injusto. Remeras cotizadas a menos de un centavo de dólar o pantalones a menos de un dólar crean una distorsión rígida que debe ser regulada prontamente.

Celina Pena, gerente general de FITA, enfatiza la necesidad de actuar contra estas importaciones subvaluadas para prevenir más pérdidas en el tejido industrial nacional. Las actuales normativas ofrecen herramientas eficaces, cuya ejecución oportuna podría ayudar a proteger un sector con impacto económico y social sensible en todo el país.