“Un grito de reparación histórica”: 42 Legisladores avalaron el acuerdo con “Argentina LNG”

En una sesión extraordinaria que se extendió por casi seis horas, la Legislatura de Río Negro aprobó por amplia mayoría el acuerdo firmado por el gobernador Alberto Weretilneck con el consorcio Argentina LNG, integrado por YPF, Eni y XRG, habilitando el inicio de un proyecto que demandará una inversión estimada en 30.000 millones de dólares.

Lee también: Río Negro junto con YPF consolidan el desarrollo del VMOS

La iniciativa fue respaldada por 42 legisladores, mientras que sólo cuatro votaron en contra. De este modo, quedó ratificado el convenio que permitirá avanzar con la instalación de dos barcos de licuefacción para exportar gas natural licuado (GNL), una planta separadora de fluidos en tierra y la construcción de un gasoducto dedicado que conectará Vaca Muerta con la costa rionegrina.

El Legislador, Lucas Pica (JSRN), defendió el acuerdo al afirmar que se trata de “un grito de la norpatagonia y un grito de la reparación histórica de Sierra Grande”. Además, sostuvo que el hidrocarburo “es roca”, pero que para transformarlo en recurso “hay que adicionarle trabajo arduo, decisión política y voluntad”.

En el mismo sentido, el presidente del Bloque de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, remarcó que la aprobación es el punto de partida indispensable para todo el proceso posterior. “Es una de las mejores y mayores obras que hay en la Argentina”, dijo Lopez y afirmó que “sobre esta materia no hay ninguna más en el mundo”.

López también cuestionó los planteos opositores al señalar que “todos los argumentos de la oposición parten de una falsa premisa”, ya que —según indicó— lo que se está aprobando es un acta acuerdo, y no otras discusiones como eventuales cobros por el paso de caños por la provincia. Finalmente, se preguntó: “¿Cómo podemos estar en desacuerdo con un número, que es el más o el menos, que plantean que hay 40.000 puestos de trabajo a futuro?”.

Según el convenio analizado por los legisladores, tras la Decisión Final de Inversión (FID), prevista para el segundo semestre de 2026, Río Negro recibirá un pago único de 25 millones de dólares.

Una vez iniciada la fase comercial, entrará en vigencia un Canon de Operación que contempla un aporte comunitario anual de 24 millones de dólares durante los 30 años de vida útil del proyecto. A esto se sumarán tasas y cánones provinciales que generarán ingresos adicionales estimados en 10 millones de dólares por año, principalmente en concepto de tasas retributivas y cánones específicos de la actividad.

El proyecto es considerado la inversión privada más grande de la historia argentina y contempla el tendido del gasoducto más grande de Sudamérica.

Detalles de la obra

El acuerdo garantiza los permisos para la construcción de un Gasoducto Dedicado de 48 pulgadas y 526 kilómetros de extensión, que unirá Vaca Muerta con la costa atlántica rionegrina. En paralelo, se tenderá un poliducto de 22 pulgadas para transportar los líquidos asociados al gas.

También se prevé la construcción de una Planta de Fraccionamiento en tierra firme, entre Fuerte Argentino y Sierra Grande, donde se procesarán los líquidos, sentando las bases para un futuro polo petroquímico.

En cuanto a la terminal marítima, no será necesario realizar tareas de dragado, ya que los buques de licuefacción operarán a siete kilómetros de la costa, en una zona con 40 metros de profundidad natural. Allí se procesará el gas, enfriándolo a -163°C para su exportación.

Según adelantaron los ejecutivos, la FID se espera para el segundo semestre de este año, lo que permitirá gestionar el financiamiento internacional, estimado en 30.000 millones de dólares totales, de los cuales 17.000 millones corresponden a infraestructura. El inicio de las obras civiles está previsto para 2027 y la puesta en marcha para 2030, con una capacidad de producción de 12 millones de toneladas anuales mediante dos unidades flotantes (FLNG).

RIGI, estabilidad fiscal y empleo

Uno de los puntos clave para destrabar el acuerdo fue la adhesión provincial al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y a la Ley de Promoción Económica, que garantizan estabilidad fiscal por 30 años.

La aprobación legislativa abre la expectativa de generar alrededor de 40.000 puestos de trabajo durante los cuatro años de ejecución de las obras civiles, además de miles de empleos en la etapa comercial.

Entre los beneficios fiscales otorgados se encuentran la eximición del pago de Sellos e Ingresos Brutos sobre contratos de construcción y compra de bienes de capital. A cambio, el consorcio se comprometió a realizar mejoras en la red eléctrica de alta tensión para Sierra Grande y el puerto, obras que quedarán para la provincia, además de la ampliación del aeropuerto de San Antonio Oeste.

Apoyos y críticas en el recinto

Desde la oposición, una de las voces más críticas fue la de Magdalena Odarda, del bloque Vamos Con Todos, quien calificó la iniciativa como “un proyecto neo colonial, de entrega y de saqueo”, y propuso como alternativa impulsar proyectos productivos como derivar agua del río Limay para ampliar zonas bajo riego en San Antonio Oeste y Sierra Grande.

En la misma línea, la legisladora Ayelén Espósito sostuvo que se trata de “proyectos extractivistas que no dejan nada para la provincia”.

No obstante, la iniciativa cosechó apoyos por fuera del oficialismo, con el acompañamiento de representantes del CC-ARI, la UCR, Primero Río Negro y algunos peronistas. Luis Noale aseguró: “Yo elijo votar del lado de la gente”, mientras que Javier Acevedo (CC-ARI) afirmó que se trata de “un momento bisagra en la historia provincial”. Desde la UCR, Ariel Bernatene subrayó que el acompañamiento fue con “plena conciencia política e institucional”.

Nueva Secretaría de Juventud, Deporte y Cultura

En la misma sesión extraordinaria, realizada antes de la apertura del período legislativo del 1°, también se aprobó casi por unanimidad la creación de la Secretaría de Estado de Juventud, Deporte y Cultura. El único voto en contra fue el del legislador Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos).

El legislador Marcelo Szczygol (JSRN) explicó que la nueva estructura permitirá dar respuesta específica a la franja etaria de 15 a 30 años, que —según indicó— no contaba con una atención especializada en esas áreas.