El Gobierno decidió extender las sesiones extraordinarias para sacar una nueva Ley de Financiamiento Universitario

En un intento por abordar varios proyectos legislativos pendientes y satisfacer reclamos de diversos sectores, el gobierno del presidente Javier Milei ha decidido extender las sesiones extraordinarias del Congreso hasta el sábado 28 de febrero de 2026. El decreto que formaliza esta extensión se emitirá en las próximas horas, permitiendo al Poder Legislativo continuar con un cargado cronograma que incluye la evaluación de una nueva Ley de Financiamiento Universitario.

La decisión de prolongar las sesiones se enmarca en la necesidad de tratar esta nueva ley que apunta a resolver las demandas de las universidades del país, las cuales han manifestado su preocupación por el financiamiento insuficiente. Fuentes cercanas al gobierno han señalado que la expectativa está puesta en que la ley no solo sea aprobada, sino que también sea práctica y viable. La implementación de este marco normativo es crucial para las altas casas de estudio, que confían en alcanzar un esquema financiero más equilibrado.

Junto a la nueva legislación universitaria, otros temas de importancia se encuentran en espera, como la Reforma Laboral y la modificación del Régimen Penal Juvenil, ambos considerados esenciales por el gobierno para mejorar distintas áreas del país. La intensificación del trabajo legislativo responde a la meta gubernamental de cumplir con futuras reformas que apuntalen el desarrollo nacional en diferentes niveles.

No obstante, esta maniobra legislativa viene precedida de un contexto de tensiones, ya que el presidente vetó anteriormente una ley similar en 2024, argumentando que preservar un déficit cero era prioridad, incluso al costo de afectar a la educación superior. A pesar de ello, el Congreso logró revocar el veto presidencial, creando un antecedente significativo en la disputa por el financiamiento universitario.

Con la firma del decreto y su posterior publicación en el Boletín Oficial, se establece formalmente la extensión de las sesiones. Este movimiento se realiza en cumplimiento con las normativas que exigen un período mínimo para la obtención de dictámenes. El Ejecutivo ha optado por esta estrategia tras la presentación de recursos legales que intentan detener la obligación de poner en marcha la mencionada ley aprobada en 2024, subrayando la importancia de resolver el conflicto vigente respecto al financiamiento educativo.