Denuncian a la Ministra de Seguridad de la Nación por los presuntos infiltrados que tiraron bombas molotov

El abogado Leonardo Hernán Martínez Herrero ha presentado una denuncia penal contra la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, tras los tumultos ocurridos en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Estos incidentes tuvieron lugar durante el debate sobre la reforma laboral en el Senado y levantaron sospechas debido a la participación de un grupo reducido de individuos, quienes aparentemente estaban bien organizados y equipados.

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Martínez Herrero, en su presentación legal, señala que el incidente deja entrever la posible omisión de deberes por parte de funcionarios públicos. Sostiene que un operativo de tal envergadura en el que intervinieron distintos cuerpos de seguridad como la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, debía haber prevenido o, al menos, controlado efectivamente la situación. Sin embargo, se constató que dichas entidades no detuvieron a los supuestos agresores, a pesar de estar claramente diferenciados del grueso de la manifestación.

Particularmente inquietante es el hecho de que este pequeño grupo de siete personas, señalado como los principales responsables de arrojar bombas molotov contra la policía, lograra llevar a cabo sus actos sin intervención de las fuerzas de seguridad. Según el documento presentado ante la justicia, estos individuos actuaron sincronizadamente, utilizando mochilas, casco y como insólito escudo una bandera con la publicidad de una conocida empresa. Videos del suceso fueron capturados tanto por drones como por las cámaras de medios de comunicación y se encontraban disponibles para el público en redes sociales.

A pesar de la flagrancia del delito, resalta la denuncia, las fuerzas de seguridad no intervinieron. Los miembros del grupo no fueron detenidos ni identificados, una acción que para el denunciante evidencia un posible encubrimiento por parte de las autoridades de la seguridad nacional y de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. Uno de los argumentos destacados del abogado es que los instrumentos y estrategias comunes para pacificar manifestaciones estaban ausentes en el punto de conflictividad.

Ante estos acontecimientos, se solicita al Ministerio de Seguridad que entregue la información detallada de quiénes estuvieron a cargo del operativo el día de los hechos. Además, a través del poder judicial, se exige a los medios televisivos que proporcionen imágenes que originalmente capturaron los sucesos. Este caso podría significar un parteaguas en la gestión de protestas y, posiblemente, exponga fallas significativas en el manejo de la seguridad interna.