El deterioro extremo de la Ruta 151, símbolo del abandono vial en Río Negro, tuvo su respuesta en la Justicia

El evidente deterioro de la Ruta Nacional 151, ícono del destrozo de los caminos nacionales en Río Negro, finalmente tuvo respuesta judicial. La Justicia Federal con asiento en Roca hizo lugar al amparo colectivo presentado por la provincia, municipios y cámaras empresarias del Alto Valle, y ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) confeccionar un plan urgente de obras.

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El fallo, dictado este martes 8 de octubre, obliga a Vialidad a elaborar en diez días un relevamiento técnico y, dentro de los noventa días siguientes, un plan de reconstrucción total de la calzada.

La causa fue impulsada por el gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck, junto a los intendentes de Cipolletti, Catriel, Cinco Saltos, Contralmirante Cordero y Campo Grande, acompañados por la Defensoría del Pueblo y distintas cámaras empresariales.
La presentación buscó frenar años de omisión del Estado Nacional en el mantenimiento de la traza, considerada clave para la producción hidrocarburífera, frutícola y minera del norte rionegrino.

El expediente judicial describe una ruta con hundimientos, grietas, pozos profundos, calzada deformada y sin señalización adecuada, donde el tránsito pesado convive con vehículos particulares y colectivos de línea. En algunos tramos, los peritajes registraron riesgos graves para la seguridad vial, especialmente entre Cinco Saltos y Catriel, donde se concentran los siniestros más frecuentes.

Durante la inspección judicial realizada el 30 de septiembre, encabezada por el juez Hugo Greca, representantes de Vialidad Nacional reconocieron las dificultades económicas del organismo y la falta de ejecución de obras planificadas. La Justicia concluyó que no hay en marcha ningún trabajo efectivo sobre los 150 kilómetros del tramo rionegrino, pese a que la DNV cuenta con fondos asignados por ley.

Lo fundamental del fallo

El fallo firmado por el Juzgado Federal de Roca resalta que el Fondo Fiduciario de Infraestructura de Transporte (FFIT), que recibe el 28,58% del Impuesto a los Combustibles, fue desviado a otros destinos, dejando a provincias como Río Negro sin obras básicas de conservación.
En ese contexto, el juez determinó que la DNV incumplió su deber legal de mantener la ruta en condiciones seguras (artículo 2° del Decreto 505/58) y que esa omisión afecta derechos esenciales: la vida, la seguridad y el acceso a servicios públicos básicos.

La sentencia ordena:

Confeccionar en 10 días un plan de relevamiento de los puntos más críticos de la calzada.

Presentar en 90 días un plan integral de mantenimiento o reconstrucción total de la ruta.

Ponerlo en ejecución en un plazo máximo de seis meses.

Si la DNV alega falta de presupuesto o imposibilidad técnica, deberá documentarlo, pero eso no la exime de cumplir el mandato judicial.

Un fallo con impacto regional

El tribunal consideró probado que el mal estado de la ruta afecta derivaciones sanitarias hacia Cipolletti, el transporte escolar y la conectividad de más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes de setenta establecimientos. También compromete el traslado de insumos hacia Vaca Muerta, además de la seguridad de trabajadores y vecinos que transitan a diario.