Desde que asumió Javier Milei 54 mil trabajadores estatales se quedaron sin empleo

En los últimos meses, la situación laboral en el sector público nacional ha sufrido un revés significativo bajo la gestión de Javier Milei. A lo largo de este período, más de 54 mil trabajadores han sido afectados, reflejando una disminución del 15,9% en la dotación inicial del Estado. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), esta es una de las cifras más impactantes registradas del último informe, subrayando el impacto de las políticas implementadas por la administración Milei.

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Desde el inicio de su gestión, el porcentaje de trabajadores despedidos ha sido una constante fuente de tensión y debate en el ámbito político y social. Las medidas tomadas por Milei, popularmente apodadas "la motosierra del gobierno", han llegado a diversas áreas del Estado. Sin embargo, la magnitud del impacto varía. Se destacan las empresas y sociedades estatales, que encabezan la lista de despidos, mientras que la administración central responsable de funciones directamente vinculadas al Poder Ejecutivo sufre el "vaciamiento" más crítico.

En un desglose detallado de los despidos, el Correo Argentino pierde 4.916 trabajadores, situándose a la vanguardia de esta lista oscura. Detrás le siguen entidades como Trenes Argentinos con 2.801 cesantías, el Banco Nación con 1.831 y Aerolíneas Argentinas con 1.768. En términos porcentuales, la agencia ex Télam ha experimentado una reducción del 80% en su personal; ENARSA Patagonia del 66,7%; Educar S.A. con un 52,5% menos de empleados; y Contenidos Públicos que ha visto recortada su plantilla en un 42,7%.

Por otro lado, dentro de la Administración Pública Nacional, la tijera ha afectado severamente a organismos como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), donde se notificaron 3.052 despidos, a la vez que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pierde 1.457 empleados y el CONICET registra 1.091 bajas. En este escenario, el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales ha visto un 63% de reducción en su personal, mientras que la Junta de Seguridad en el Transporte y el INAES han reducido su personal en un 45% y 41%, respectivamente.

El informe del CEPA además destaca cómo estos despidos han acelerado la pérdida del poder adquisitivo entre los asalariados públicos, según los indicadores del INDEC. Entre estos datos económicos, revelan que la contracción del poder adquisitivo se sitúa en un 14% en comparación con el año anterior, atribuyendo esta tendencia a la presión inflacionaria.

A mayor plazo, quienes trabajan para el Estado nacional han soportado una erosión del 31,5% en su capacidad de consumo desde noviembre de 2023. Este retroceso adquisitivo transcurre par a par con la reducción de plantilla en la administración pública, agravando la situación de los empleados estatales a nivel sociolaboral y generando un contexto cada vez más adverso y preocupante para el gobierno en marcha.