El Senasa implementa nuevas medidas para evitar enfermedades animales en el país

En un esfuerzo decidido por mejorar la eficiencia administrativa y el control de la calidad, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ha implementado una medida significativa que impacta directamente en las empresas del sector farmacéutico y alimentario. La restructuración de más de 300 trámites es parte de un ambicioso plan de desburocratización destinado a optimizar los recursos del organismo.

Desde el 24 de este mes, las empresas que participan en la producción de medicamentos, alimentos o productos médicos, sin importar si operan en el ámbito local o internacional, verán una reducción drástica en la cantidad de procesos regulatorios que deben seguir. De los 674 trámites actualmente en vigencia, sólo 358 permanecerán activos gracias a una profunda revisión, que además quitó del camino 47 procedimientos obsoletos y reorganizó 269 procesos redundantes.

Este esfuerzo por agilizar los trámites regulatorios no ocurrió de la noche a la mañana. Según lo informado por la agencia Noticias Argentinas, los detalles de la reestructuración fueron sancionados por varias disposiciones publicadas recientemente en el Boletín Oficial, bajo los números 4053, 4054, 4055 y 4058. Este cambio es representativo de la dirección proactiva que la ANMAT ha decidido tomar, prometiendo mantener rigor operativo mientras reducen la carga burocrática en los sectores regulados.

Al revisar con atención los 674 trámites previos a la reestructuración, la ANMAT identificó varios que ya no servían a sus propósitos originales. Entre los procedimientos eliminados se encuentran la autenticación de copias de registros y la generación de certificados de libre sanción. Así mismo, se eliminaron algunas constancias que, en el pasado, se exigían para alimentos destinados a usos médicos específicos.

El impacto de esta medida irá más allá de la mera reducción de papeleo, ya que se busca ordenar y concentrar esfuerzos en aspectos fundamentales del control y la fiscalización, mejorando la calidad de servicio que perciben las empresas reguladas y, en última instancia, contribuyendo al bienestar general de los consumidores.