Incidentes en la marcha de jubilados: el Gobierno denunció a la jueza que liberó a los detenidos

En un giro judicial que ha suscitado gran controversia, el Gobierno presentó una denuncia formal contra la jueza Karina Andrade, luego de que esta liberara a los detenidos por los incidentes violentos registrados en el Congreso durante la reciente marcha de jubilados. Esta medida fue motivo de disgusto, ya que la jueza se encuentra ahora bajo la mira por supuestos delitos de prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.

La denuncia fue interpuesta por Fernando Soto, un alto funcionario del Ministerio de Seguridad, liderado en la actualidad por Patricia Bullrich. En ella, se pone especial énfasis en la presencia de "grupos organizados de 'barras bravas'" provenientes de distintos clubes deportivos, como Chacarita, Boca, River, Independiente, entre otros, quienes acudieron a esta movilización de jubilados en el centro legislativo con intenciones de causar disturbios.

Desde la perspectiva gubernamental, estos grupos de 'barras bravas' no habrían acudido a dicha movilización por casualidad. Se destaca cómo desde el instante en que ingresaron a la zona del Congreso Nacional, comenzaron con agresiones directas a las Fuerzas de Seguridad, empleando empujones, golpes, piedras, armas blancas e incluso, según la denuncia, armas de fuego. Los altercados además dejaron una secuela de daños materiales significativos, incluyendo el incendio de objetos públicos, vehículos policiales y patrulleros.

En declaraciones oficiales, se alertó acerca de la premeditación evidente de estos actos. Los grupos llegaron, tal como se describe, "munidos de instrumentos contundentes y elementos para iniciar incendios" en un claro y coordinado ataque a las fuerzas de orden, destacando así la gravedad de las intenciones detrás de la violencia desatada. Esta evaluación de los eventos suscitados en la movilización ha llevado al Gobierno a reclamar que la causa sea absorbida por la Justicia Federal, argumentando que los delitos abarcan una serie de acciones relacionados con atentar contra el orden constitucional y la vida democrática.

Por otro lado, se hizo mención especial a la conducta de la jueza Andrade y el procedimiento que, desde la interpretación gubernamental, fue viciado desde su origen. En el trascurso de este operativo judicial, la jueza presuntamente omitió seguir las normas procesales estándar, interfiriendo en el trabajo de las oficinas fiscales y facilitando la libertad de los detenidos sin el debido proceso de verificar pruebas o antecedentes.

El informe además advierte sobre la creación de un grupo de mensajería instantánea entre la jueza, fiscalía y defensas, herramienta no regulada para decisiones de tal calibre, a través de la cual se resolvió la liberación de los arrestados. Este proceso provocó el cierre aparente del caso, sin documentación formal ni consulta a los verificales por lesiones. Esta modalidad "informal" llevada adelante por la jueza es definida por las autoridades como un grave incumplimiento del correcto accionar judicial.