Otro golpe judicial al intendente de Allen, Marcelo Román: multa millonaria por ocultar información pública

El intendente libertario de Allen, Marcelo Román, fue sancionado con una multa que supera el $1.200.000 por negarse a proporcionar información pública al Tribunal de Cuentas municipal. La medida, sin precedentes en la ciudad, fue aplicada por el órgano contralor tras la falta de respuesta a un pedido formal sobre gastos relacionados con la Fiesta de la Pera.

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La sanción impuesta a Román se enmarca en una ordenanza municipal que establece penalidades económicas por incumplimiento de las resoluciones del Tribunal de Cuentas. En este caso, los funcionarios del órgano contralor acudieron a la sede municipal el 17 de enero para solicitar acceso al libro de resoluciones, pero no fueron atendidos ni recibieron la información requerida.

El Tribunal de Cuentas analizó el caso y, de manera unánime, sus cuatro integrantes resolvieron aplicar la multa de 1.000 USAM, equivalente a $1.248.000. La vicepresidenta del organismo, María Florencia Torres Castaño, explicó que la medida busca sentar un precedente y garantizar el respeto a las funciones de contralor.

El intendente tiene un plazo de 30 días para abonar la suma bajo apercibimiento de acciones judiciales. La sanción es de carácter personal, por lo que el pago no podrá realizarse con fondos municipales. Previamente, Román tuvo la posibilidad de presentar su descargo, pero la decisión del Tribunal fue ratificada.

La multa se suma a otro revés judicial que afecta al jefe comunal. El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro falló recientemente en contra del Municipio de Allen en un expediente relacionado con el cobro de tasas municipales. La resolución obliga a la administración local a devolver a los contribuyentes el 50% de las tasas cobradas de manera irregular.

El conflicto surgió a partir de la resolución 01/2024, que avaló un veto del intendente y permitió modificar el cálculo de tasas sin seguir el procedimiento legislativo correspondiente. El STJ declaró la nulidad de esa resolución y de otras dos emitidas por el Poder Ejecutivo Municipal por considerar que invadían facultades del Concejo Deliberante.