Trabajadores del Estado anunciaron medidas de fuerza ante una nueva ola de despidos

El ambiente en el ámbito laboral estatal en Argentina se encuentra convulso, con trabajadores del Estado al borde de una revuelta gremial como respuesta a una inminente ola de despidos.

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La situación ha generado una profunda preocupación a nivel nacional, luego de que el controvertido 'plan motosierra' impulsado por la gestión de Javier Milei comenzará a tener consecuencias. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), liderada por Rodolfo Aguiar, ha tomado cartas en el asunto.

La ATE se encuentra en estado de asamblea permanente, mientras el ambiente laboral está saturado de tensiones. "Nos encontramos evaluando los próximos pasos a seguir minuciosamente", explicó Aguiar. En esta línea, se convocará al consejo directivo para la próxima semana, un cónclave que contará con la participación de representantes de las 24 provincias argentinas. Aquí se definirá el plan de acción a futuro.

Las perspectivas que se avecinan no son alentadoras para el sector. La intención del gobierno de compensar la reducción en las retenciones al campo con una disminución significativa del 30% del Estado, desencadenaría en la fusión y eliminación de entes descentralizados. Aguiar advirtió que "de concretarse este plan, la prestación de servicios básicos y esenciales quedaría en vilo".

Además, reafirmó: "Es impensable contrarrestar la reducción de 800 millones de dólares en retenciones al campo con un masivo despido de trabajadores estatales y el cierre de organismos públicos", acentuando el impacto social potencialmente negativo que esto generaría.

A pesar de la decisión del Gobierno de continuar con las desvinculaciones, el relato oficial rechaza que la baja en las retenciones esté relacionada directamente con el despido de trabajadores. Sin embargo, los números alarmantes cantan otra realidad: desde diciembre de 2023 hasta diciembre de 2024, el estado nacional ha despedido a 36 millones de trabajadores, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Esta cifra combina despidos, no renovaciones de contratos y jubilaciones, esbozando un escenario desalentador para los empleados estatales.

En un esfuerzo por evaluar la idoneidad del cuerpo de trabajadores del Estado, se llevaron a cabo solicitudes que renovaron una parte importante de los contratos temporales. Hasta fines de diciembre, alrededor de 40 mil contratos que expiraron para fines de 2024 fueron prorrogados hasta el 31 de marzo. Sin embargo, según ATE, la cifra real supera los 55 mil trabajadores afectados cuyos contratos concluyeron el último día del año. Esto deja en suspenso el futuro de muchas familias que dependen de esos ingresos.

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, dirigido por Federico Sturzenegger, participa activamente en este proceso. Habla de un 95% de aprobación en el primer intento de los solicitudes de idoneidad a los que se han sometido hasta ahora 9,000 empleados. Pero aún quedan sombras de incertidumbre sobre qué pasará después de marzo, momento hasta el cual se mantendrían aquellos cuyos rendimientos en estos exámenes sean satisfactorios y sean considerados como indispensables por sus superiores.

Mientras tanto, la crisis ya está teniendo rostro: recortes significativos golpearon organismos como la Secretaría de Derechos Humanos y el hospital de Salud Mental Laura Bonaparte, así como varios departamentos clave dentro de la Secretaría de Cultura administrada por Leonardo Cifelli.