Tras la masiva marcha universitaria, Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario

El Gobierno decidió vetar la ley de Financiamiento Universitario que, apenas unas horas antes, había sido el clamor central de una masiva marcha universitaria. La decisión, acompañada por un comunicado, acusa a la oposición de estar detrás de un intento premeditado para obstruir su plan económico.

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La marcha, que reunió a miles de personas bajo el lema de mejorar el financiamiento y el reconocimiento salarial de las universidades nacionales, dejó en claro el enorme apoyo social al proyecto.

Sin embargo, la respuesta tajante del Ejecutivo, materializada a través del decreto 879/2024 firmado por el presidente Javier Milei, plantea justificaciones basadas en el argumento del daño político, más que en un análisis técnico o financiero de fondo.

Desde el punto de vista gubernamental, la obligación de mantener el equilibrio fiscal prevalece sobre cualquier nueva inversión, incluidas aquellas destinadas al sector educativo. A pesar de que la iniciativa de ley se planteaba como una inyección necesaria para el sostenimiento de las universidades y la mejora de condiciones laborales de su personal, los altos mandos han señalado que el ajuste pretendido contraviene la responsabilidad fiscal, al no exhibir fuentes claras de financiación.

El trasfondo político no tardó en emerger, con representantes del gobierno señalando a figuras de la oposición como impulsoras de la manifestación en un intento por aglomerar fuerzas contra el Presidente. Frases como "nuevo frente de izquierda populista" mancharon el análisis de la propuesta siguiendo un molde de confrontación en vez de consenso.

Al otro lado del arco político y académico, los líderes de la movilización han advertido sobre el estado precarizante en el que queda la educación universitaria tras esta negativa. En un comunicado, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) subraya la genuina preocupación respecto al recorte presupuestario.

"La situación hoy es más crítica que a comienzos de año, con un capítulo dramático en materia salarial. La pérdida de quienes trabajamos en las universidades públicas es de una gravedad inusitada; con un porcentaje enorme de docentes y no docentes percibiendo un salario por debajo de la línea de la pobreza, cuando no de la indigencia. Esto compromete uno de los núcleos de la universidad pública, pues pone en riesgo la continuidad de los cuadros académicos, de administración y de servicios esenciales para su funcionamiento", continuó el comunicado.

Los rectores, como portavoces públicos, han puesto de manifiesto el descontento y las incertidumbres que genera esta situación en estudiantes y docentes, calificando el veto de una desconexión grave con las necesidades de quienes enfrentan cotidianamente el desafío educativo.

Sobre el final, le hablaron al Presidente para que no vete la ley. "Tiene al alcance de su mano una ley razonable que resuelve los problemas, cuidando al Estado y a su economía. Las y los estudiantes de toda la argentina le pedimos, en un grito de auxilio para salvar al sistema: ¡promulgue la Ley de Financiamiento universitario!", cerraron.