Pensiones por invalidez laboral, en la mira: el Gobierno audita 400 mil casos y denuncia irregularidades

En un esfuerzo por combatir la corrupción y garantizar la transparencia en la asignación de beneficios sociales, el Gobierno Nacional, por medio de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que actualmente depende del Ministerio de Salud, ha iniciado un proceso exhaustivo de auditoría de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Este esfuerzo apunta a las 400.000 pensiones otorgadas a beneficiarios en la provincia de Buenos Aires y otras 27.000 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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Esta decisión se tomó después de que una investigación oficial revelara graves irregularidades y un esquema de corrupción, destacando que solo un 7% de los casos revisados cumplían con los requisitos establecidos. 

El 19 de julio, el portavoz presidencial Manuel Adorni acusó públicamente el desvío de fondos masivo mediante la facturación de prestaciones médicas falsas. Según Adorni, la magnitud del desfalco asciende a unos USD 3.400 millones. Este acto se realiza en paralelo a la denuncia penal presentada por Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS, la cual está siendo procesada en la fiscalía de Guillermo Marijuán. En particular, una alarma sonó cuando se descubrió que se había tramitado una pensión utilizando la radiografía de un perro durante el 2022. En algunos otros casos, la descripción médica requerida para la pensión fue reemplazada por un poema en lugar de un diagnóstico clínico válido. 

El Gobierno sospecha que de las 1.250.000 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, aproximadamente 500.000 puedan ser fraudulentas. A partir de un muestreo inicial realizado por la ANDIS, desde el pasado viernes comenzaron a escudriñar la totalidad de estos casos. Todos los expedientes están bajo una minuciosa revisión y aquellas pensiones que presenten irregularidades serán revocadas. Desde el reciente cambio en la dependencia de ANDIS al Ministerio de Salud encabezado por Mario Russo, se ha impulsado esta iniciativa audaz. 

Los resultados de la auditoría, calificada como “parcial”, subrayan la gravedad de la situación. De los 2.559 casos revisados, apenas 185 cumplían con los criterios. El informe, al que tuvo acceso Infobae, indicó que existía un sistema de pensiones susceptible a fraudes y de difícil fiscalización. Las autoridades actuales denunciaron que, en gestiones pasadas, las pensiones fueron utilizadas como una herramienta política, abonando a individuos que no reunían los requisitos adecuados.

Spagnuolo presentó las cifras alarmantes: “Las estadísticas no mienten. Entre 2003 y 2015, las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral se dispararon de 80.000 a 1.050.000, una cifra inusitada incluso para países en escenarios de postguerra mundial. Bajo la administración de Alberto Fernández, el número seguía en ascenso, alcanzando las 1.250.000 entre 2019 y 2023”. Esta misma auditoría parcial reveló la presencia de beneficiarios sin invalidez, incluidos aquellos que poseían activos considerables tales como aviones, embarcaciones, varios vehículos y propiedades. Cerca del 35% de las pensiones presentaban incompatibilidades, ya sea por bienes poseídos o empleo activo. Pensiones que, a todas luces, no correspondían a personas que ostentaran una condición médica justificada. 

Manuel Adorni, desde la Casa Rosada, mostró pruebas irrefutables al exhibir en televisión una grotesca radiografía de un perro, demostrando cómo se manipulaban los documentos médicos para obtener beneficios indebidos. La Casa de Gobierno parece firme en acabar con estos focos de corrupción, llevando este caso a Comodoro Py como parte del proceso judicial en curso.