El fiscal se opuso al pedido de Alberto Fernández para que la causa salga de Comodoro Py

Alberto Fernández sufrió un nuevo traspié judicial este martes cuando el fiscal federal Ramiro González rechazó su pedido de trasladar el caso de violencia de género en su contra a los Tribunales de San Isidro, alegando que es prematuro tomar tal decisión en plena etapa de investigación. Fernández había intentado argumentar que, debido a que los incidentes de violencia ocurrieron en la quinta presidencial de Olivos, la jurisdicción debería cambiar.

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Sin embargo, González insistió en que el caso debe continuar bajo la supervisión del juez federal Julián Ercolini. “Según la opinión del Ministerio Público Fiscal, corresponde que, por el momento, el caso quede bajo la competencia del Sr. juez federal delegante para esclarecer los extremos relevantes de la pesquisa, determinar definitivamente el objeto procesal, y asignar las calificaciones legales del caso como paso previo a decidir, de modo definitivo, acerca de la asignación territorial que pudiere corresponder”, declaró.

El fiscal también enfatizó que trasladar inmediatamente la jurisdicción sin un análisis adecuado podría resultar en problemas de procedimiento y aumentar el riesgo de revictimización, lo que contradice las leyes y protocolos que buscan salvaguardar los derechos de las víctimas en estos contextos.

En su detallada resolución, González señaló que la ex primera dama, Fabiola Yañez, vivió una relación caracterizada por el hostigamiento, el acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar. En el texto se enumeran diversos incidentes desde 2016.

Entre ellos, se incluye una acusación de que Fernández forzó a Yáñez a abortar mediante manipulación y maltrato. También se listan varios actos de violencia física durante 2021 y otro en 2023, además de intercambios tensos con la exministra de Mujeres, Ayelén Mazzina, así como amenazas directas a Yañez cuando consideraba presentar su denuncia.

El fiscal concluyó que tanto el contexto como los actos de violencia descritos en la demanda no pueden, por el momento, ser asignados a una ubicación geográfica singular. De esta forma, subraya la necesidad de una investigación más profunda que determine las bases fácticas antes de hacer cualquier cambio jurisdiccional. Esto, indicó, evitará resoluciones prematuras que pudieran desencadenar en constantes replanteos y retrasos judiciales.