La tajante medida del Gobierno que afecta a las obras sociales y prepagas: los detalles

El Gobierno de Javier Milei ha iniciado un proceso de ajuste y revisión en diversas áreas de la administración pública, siendo el sector Salud uno de los principales focos de atención. Con la mirada puesta en mejorar la transparencia y eficiencia del sistema, el Ejecutivo ha decidido intervenir en las prepagas y las obras sociales.

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La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) está llevando a cabo una inspección rigurosa de la situación financiera y administrativa de los agentes del sistema. Para contextualizar, al inicio de esta gestión, el organismo registraba 675 prepagas y 291 obras sociales. Sin embargo, un número significativo de estas entidades no ha cumplido con la obligación de presentar información vital para su funcionamiento.

Sobre las primeras, el organismo detectó un grupo de empresas de medicina que se inscribieron en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP), pero nunca presentaron datos como el padrón de usuarios, los planes de cobertura, los cuadros tarifarios, los estados contables o los balances ante la SSS.

Por eso, a través de un aviso publicado días atrás en el Boletín Oficial, se procedió a cancelar la inscripción de 60 de ellas, entre las que se encontraban Prepasa S.A, Grupo Proyectar SRL y Emergencias Médicas Fueguinas S.A, por mencionar algunas.

En las próximas semanas, se eliminarán otras 60 prepagas y se analizará la situación de unas 70 más, lo que podría culminar en la baja de hasta 180 entidades.

"Esta decisión busca garantizar un mercado transparente y ordenado, donde solo operen entidades que existan realmente, compitan entre sí y ofrezcan prestaciones de calidad", sostuvieron fuentes oficiales. El proceso no solo abarca a las prepagas, sino también a las obras sociales.

Entre las intervenciones más notables se encuentra la de OSPRERA, que con 759.203 beneficiarios es la tercera obra social más grande del país.

La entidad no presentó informes durante más de un año y aumentó su deuda significativamente, además de carecer de convenios con el 90% de sus supuestos prestadores. Ante esta situación, se aplicó un mecanismo de liquidación, distribuyendo a los afiliados en otras obras sociales, con la preeminencia de asegurar un servicio adecuado a los usuarios.