Un escándalo de inmensas proporciones ha sacudido al Reino Unido, revelando una verdad incómoda: durante décadas, tanto las autoridades británicas como el servicio de salud expusieron a sabiendas a decenas de miles de pacientes a infecciones mortales por medio de sangre contaminada o productos derivados contaminados, y encubrieron el hecho.

Según las estimaciones, alrededor de 3.000 personas perdieron la vida en Reino Unido y muchas otras sufrieron enfermedades de por vida luego de recibir sangre o productos sanguíneos contaminados con VIH o hepatitis. Estos actos irresponsables se prolongaron desde la década de 1970 hasta principios de la década de 1990.

Este escándalo se ha convertido en el desastre más mortífero en la historia del Servicio Nacional de Salud británico desde su creación en 1948. Las repercusiones de esta negligencia han sido devastadoras para innumerables familias afectadas.

El exjuez Brian Langstaff, quien lideró la investigación, arremetió duramente contra los gobiernos sucesivos y los profesionales de la medicina, a quienes acusó de una alarmante serie de fracasos y de negarse a asumir responsabilidad con el único fin de proteger sus reputaciones o ahorrarse dinero. Además, se descubrieron evidencias de que funcionarios del gobierno destruyeron documentos y se realizaron intentos deliberados para ocultar el escándalo.

Este desastre no fue un accidente, según Langstaff. Las infecciones ocurrieron debido a la falta de prioridad que se le dio a la salud del paciente por parte de quienes tenían autoridad, incluyendo médicos, servicios de trasfusiones de sangre y varios gobiernos a lo largo de los años. La respuesta de estas figuras de autoridad solo exacerbó el sufrimiento de aquellos afectados por esta tragedia.