Con el objetivo de frenar la problemática delictiva vinculada al robo de materiales no ferrosos, principalmente cables de cobre, lo que genera grandes pérdidas económicas y afecta los servicios públicos, el gobernador reglamentó la ley provincial N° 5.669 sancionada por la Legislatura rionegrina.

Esta norma regula las actividades vinculadas al acopio, comercialización y transporte de metales no ferrosos. Además, crea el Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Metales No Ferrosos. También otorga herramientas legales al Ministerio de Seguridad y Justicia, en forma conjunta con la Policía de Río Negro.

A partir de esta reglamentación, el traslado de ese tipo de materiales exige contar con una guía de transporte que expiden las autoridades de las distintas delegaciones policiales del Cuerpo de Seguridad Vial en forma gratuita.

El artículo 6º hace referencia al asiento de operaciones, y puntualmente establece que los sujetos alcanzados deben asentar todas sus operaciones de adquisición a cualquier título, enajenación y traslado de metales no ferrosos en el sistema que a tal fin establece la autoridad de aplicación. Cada operación debe ser consignada de forma inequívoca, según lo exige la presente ley y su reglamentación.

El  7º es un capítulo referida a los servicios públicos indicándose que las entidades públicas y privadas que presten servicios públicos deben registrar catálogos de metales no ferrosos utilizados en sus instalaciones ante la autoridad de aplicación, aportando una descripción detallada y una fotografía o ilustración técnica, con el objeto de dar publicidad sobre su propiedad y uso exclusivo.

En el octavo de la mencionada norma hay obligaciones para los sujetos alcanzados por la presente ley, y deben exhibir durante las fiscalizaciones el registro de las operaciones de adquisición, su existencia física, enajenación o transporte y la documentación comercial o de transporte respaldatoria de tales actos. Mostrar la habilitación comercial y las constancias de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos y la autoridad tributaria provincial, de las partes que celebran los actos de adquisición, enajenación y traslados. También deben conservar los libros y registros por un lapso de cinco años, a partir del ingreso de las piezas o su fraccionamiento, y presentarlos ante la autoridad de control cuando sea requerido.

El preocupante del robo de cables, transformadores de potencia eléctrica, medidores de agua y actos de vandalismo en cementerios, motivados por la búsqueda de metales como el cobre o el bronce, se incrementó exponencialmente.

Esta problemática, que se ha agudizado tras la pandemia, ha impactado especialmente en el Alto Valle, siendo esta región la más afectada en la provincia. En los primeros seis meses de 2023, se estimó que se sustrajeron alrededor de 10.000 metros de cable de baja tensión y 5.000 de media tensión, además de la destrucción de unos 130 transformadores de potencia.

Esta situación no solamente interrumpe servicios básicos como electricidad, agua y comunicaciones para los usuarios sino que también genera pérdidas millonarias para las empresas prestadoras y pone en riesgo vidas humanas debido a la falta de medidas de seguridad adecuadas.