Los salarios de los trabajadores formales han caído drásticamente en enero

Los sueldos de los trabajadores formales en Argentina vivieron una caída sin precedentes durante el mes de enero. Según el índice Ripte, que mide la variación nominal de los salarios de los empleados registrados, el poder adquisitivo de los sueldos cayó casi un 21% en los primeros dos meses del gobierno de Javier Milei. Si bien en enero hubo un aumento del 14,7% en los ingresos, este se ubicó casi seis puntos porcentuales por debajo de la inflación del primer mes de 2024.

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La remuneración promedio de los trabajadores formales llegó a $555.269,16 en enero, ubicándose por debajo de la línea de pobreza. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), una familia de cuatro personas necesitó al menos $596.823 para no ser considerada pobre durante el primer mes del año. Esto quiere decir que los ingresos de los trabajadores quedaron $41.554 (o 7,5%) por debajo de la Canasta Básica Total.

Diversas consultoras y centros de estudios han advertido sobre la gravedad de esta situación. Según el informe del centro de estudios CIFRA de la CTA, el salario real promedio registrado perdió el 21,3% de su capacidad de compra en enero en comparación con noviembre de 2023. Esta caída en los ingresos hace que el sueldo real de enero sea equivalente a menos de la mitad de lo que era en noviembre de 2015. En términos de alimentos y bebidas, la reducción alcanza al 23,8% en el mismo período, lo cual significa valores promedio equivalentes a menos de la mitad de los que eran en noviembre de 2015.

El director del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, Luis Campos, señaló que el salario medido a través del Ripte cayó un 20,7% en términos reales durante los primeros dos meses de la gestión de Milei.

Además, un relevamiento de la consultora 1816 indicó que el salario real de los trabajadores privados registrados tuvo en diciembre la mayor caída mensual en al menos 30 años, advirtiendo que enero podría haber alcanzado un nivel más bajo que el de la crisis del 2001.

Ante la creciente inflación y la falta de políticas que aseguren la protección de los ingresos de los empleados registrados, los desafíos para el futuro se vuelven cada vez más urgentes en busca de una recuperación económica y social.