En 2020, Río Negro, bajo el mando de la gobernadora Arabela Carrera, adquirió un avión sanitario que realizó muy pocos vuelos relacionados a eso por lo que se lo había comprado. Se generaron dudas por el alto valor que se pagó, porque antes de llegar a la provincia tuvo que pasar por el taller tras una parada de emergencia, entre otras cuestiones.

Incluso, desde diciembre del año pasado, la aeronave Cessna Citation V ha permanecido inactiva en el hangar del aeropuerto de Viedma, tras una reciente inspección que reveló la necesidad de realizar trabajos en los motores por un costo de medio millón de dólares. Estos contratiempos han llevado al actual gobernador, Alberto Weretilneck, a solicitar a sus funcionarios iniciar el proceso de venta del avión.

Para el Tribunal de Cuentas hay una serie de irregularidades y ya multó a los entonces funcionarios: el secretario General, José Apud; el director de Aeronáutica, José María Scheverín y el secretario de Administración, Gonzalo Regueira. Para colmo, ahora, podría llegar una denuncia penal desde la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

A raíz de esto, Weretilneck ha instruido a su secretario General, Nelson Cides, para que comience el análisis del mercado y el proceso jurídico necesario para la venta del avión. La decisión de vender la aeronave se produce después de evaluar el impacto político de su adquisición durante la administración anterior, así como las denuncias sobre el precio inflado de la compra, que superó los 4,2 millones de dólares.

A pesar de que en noviembre el gobernador ratificó su uso exclusivamente para fines sanitarios, administrado por el Siarme y el Ipross, desde diciembre la aeronave no ha volado y los traslados médicos se han realizado mediante servicios aéreos privados. El manejo del avión pasó ahora a la cartera de Cides, quien ha identificado la necesidad de costosos trabajos en los motores, además del pago pendiente de 121 mil dólares del contrato de compra.

Esta situación ha convencido a Weretilneck de la necesidad de desprenderse del avión, mientras que persisten interrogantes sobre la gestión y los costos asociados a la adquisición. El Tribunal de Cuentas y el fiscal de Investigaciones Administrativas continúan evaluando el caso, mientras que se han impuesto multas a funcionarios de la administración anterior por la precariedad en la determinación y justificación del valor del avión. La venta del avión marca un nuevo capítulo en esta controversia, mientras persisten las críticas sobre la gestión y evaluación de activos del Estado provincial.

El avión ha resultado ser una carga costosa y obsoleta para la provincia. El modelo de 1994 requiere costosos trabajos en los motores. Además, el precio inicial de la compra, que superó los 4,2 millones de dólares, ha generado críticas por su excesiva onerosidad. La venta del avión marca un intento de la provincia por librarse de un activo costoso y poco práctico.