En respuesta al Gobierno Nacional, el peronismo de Río Negro ha llevado su reclamo a los tribunales. En el Juzgado Federal de General Roca, legisladores provinciales, autoridades del Partido Justicialista y diversos intendentes justicialistas han presentado una acción judicial contra el Poder Ejecutivo Nacional por la eliminación ilegal de fondos destinados a la provincia y sus municipios.

La presentación, liderada por el senador nacional Martín Doñate y respaldada por el diputado nacional Martín Soria, cuenta con el respaldo unánime de los bloques legislativos "Partido Justicialista - Nuevo Encuentro" y "Vamos con Todos". Además, numerosos intendentes justicialistas han firmado la petición, demostrando así una unidad sin precedentes en defensa de los intereses de Río Negro.

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En el documento presentado ante el juez federal, se destaca la preocupación por el estado de incertidumbre generado por la suspensión de los fondos destinados a la educación pública y el transporte público en la provincia. Los líderes peronistas enfatizan que esta medida no solo afecta directamente a los ciudadanos rionegrinos, sino que también pone en riesgo la estabilidad del sistema federal argentino.

"Venimos en unidad y sin titubeos a defender a Río Negro, a reclamar por el federalismo y construir un dique de contención a la avanzada de un gobierno que nos está robando nuestros recursos y poniendo a la Patagonia en venta", expresaron en un comunicado conjunto.

Además de solicitar al juez federal una pronta resolución sobre la procedencia de los fondos retenidos por el Gobierno Nacional, se advierte sobre las consecuencias negativas que esta situación acarrea, tales como el aumento de precios en alimentos, alquileres y servicios públicos esenciales, así como la erosión de los salarios y jubilaciones.

En medio de un escenario de incertidumbre económica y política, el peronismo rionegrino reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de la provincia y sus habitantes, utilizando todas las herramientas legales disponibles para garantizar una distribución justa de los recursos y preservar la convivencia democrática en el país.