La Justicia le solicita a Patricia Bullrich el fundamento jurídico para su protocolo antipiquetes

Patricia Bullrich, actual titular del Ministerio de Seguridad, se encuentra en el centro de la controversia luego de que el juez federal Sebastián Casanello le solicitara presentar en un plazo de 72 horas los "fundamentos jurídicos" de su protocolo antipiquetes. Esta medida es una respuesta a la acción de "inconstitucionalidad" presentada por la legisladora Celeste Fierro.

El juez Casanello, a cargo de la causa, busca tener acceso a información clave relacionada con la aplicación del protocolo antipiquetes. En su requerimiento, solicita a Bullrich que detalle los procedimientos y antecedentes que precedieron a su promulgación, así como remitir los dictámenes jurídicos previos realizados. Además, se hace hincapié en la importancia de conocer si otros organismos del Estado y organizaciones de la sociedad civil fueron consultados formal o informalmente en relación a este dispositivo.

El juez no solo busca respuestas a nivel nacional, también ha requerido al Ministerio de Seguridad que informe si respondió a los requerimientos de la Organización de Naciones Unidas en relación al protocolo antipiquetes. De esta forma, Casanello busca tener una visión completa y detallada de los fundamentos jurídicos en los que se basó el ministerio para implementar el mencionado protocolo.

La controversia generada en torno al protocolo antipiquetes se centra en la legalidad y los posibles excesos en el ejercicio de las funciones de las fuerzas policiales y de seguridad federales. El magistrado quiere saber si existen denuncias relacionadas con estos excesos, así como las medidas que se han tomado al respecto desde la puesta en vigencia del protocolo.

La presentación de los "fundamentos jurídicos" por parte de Bullrich será crucial para determinar la legalidad y la validez del protocolo antipiquetes. La Justicia espera respuestas claras y detalladas que permitan evaluar si se han tenido en cuenta las normas internacionales de derechos humanos.

Esta medida judicial de gran relevancia pone en el centro del debate la política de seguridad implementada por el Ministerio y su titular, generando interrogantes sobre la legalidad y el respeto de los derechos humanos en el accionar de las fuerzas de seguridad en situaciones de protesta social.