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Denuncian contrataciones de funcionarios acusados de violencia de género por parte de la intendenta de Allen
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) apunta contra la intendenta Liliana Martin de Allen.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó una denuncia pública contra la intendenta de Allen, Liliana Martin, acusándola de realizar contrataciones de funcionarios políticos denunciados por abuso y violencia de género.
A través de un comunicado, el gremio señaló que estas contrataciones fueron realizadas con salarios superiores a la categoría 22, las más altas. ATE exige que estos funcionarios abandonen sus cargos.
Según fundamenta el gremio, la contratación de estos funcionarios desequilibra las cuentas públicas de la municipalidad, pudiendo afectar el pago de salarios y futuros acuerdos salariales, así como la estabilidad laboral del personal de carrera.
La secretaria general de ATE Allen, Carolina Suárez, criticó a la intendenta por lo que considera un uso excesivo de este tipo de contrataciones. Por otro lado, se dio a conocer que todos los funcionarios contratados presentan múltiples denuncias por abuso, violencia de género, maltrato psicológico y verbal.
Entre los implicados se encuentran el ex secretario de Servicios Públicos, Eduardo Velázquez; el ex funcionario de varias áreas, Marcelo Side; la jefa de Maestranza, Dora Enriqueta; y el funcionario Adrian Iribarne.
En respuesta a estas acusaciones, ATE exige que los funcionarios involucrados abandonen sus cargos una vez que hayan cumplido con las tareas correspondientes a su gestión. Según Yoanna Moncada, referente del sector, es importante que cumplan con su función hasta el final del periodo de mandato para preservar la imparcialidad en la toma de decisiones y prevenir posibles hechos, teniendo en cuenta que muchos empleados municipales se encuentran contratados dentro del estatuto municipal.
El escándalo en Allen genera preocupación dentro de la comunidad y pone en evidencia la importancia de realizar investigaciones rigurosas sobre las personas que ocupan cargos en el ámbito político. La transparencia y el respeto hacia los derechos de las víctimas de violencia son fundamentales para mantener la integridad y la confianza en nuestras instituciones.
