La Cámara de Comercio de General Roca emitió un enérgico rechazo al pedido de incremento en las tarifas eléctricas, que superaría el 50% para el período de abril a agosto, presentado por la distribuidora de electricidad Edersa. 

Además de expresar su oposición en una audiencia pública convocada por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), el presidente de la Cámara de Comercio local, Miguel Grasso, cuestionó la falta de audiencias presenciales.

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El presidente de la Cámara señaló que estas audiencias carecen de sentido debido a su escasa publicidad y a la información difusamente proporcionada. Según detalló, para la mayoría de los usuarios, la información resulta incomprensible a menos que sean expertos en el tema.

Grasso recordó que antes de la audiencia, en dos oportunidades, el 5 y 19 octubre, invitaron a las autoridades del EPRE a la sede de la CAIC para que expliquen los alcances de la audiencia “en términos claros y entendibles por cualquier usuario”, pero en ambos casos no acudieron y solicitaron el envío de una nota.

Miguel Grasso considera “inoportuno” otorgar un nuevo aumento “a una distribuidora que goza de una posición dominante y excesiva rentabilidad, máxime cuando el mismo se da en este difícil contexto, en el que las PyMEs de la provincia se debaten por sobrevivir”.

El presidente de la Cámara de Comercio criticó al EPRE por no tener en cuenta los argumentos de los comerciantes de Roca en audiencias anteriores, lo que, según él, hace que estas audiencias sean una pérdida de tiempo.

Además de rechazar el aumento de tarifas, Miguel Grasso aprovechó la audiencia para expresar varios reclamos, incluyendo la baja de voltaje en las líneas de distribución del sector rural en comparación con la planta urbana y las dificultades que enfrentan los usuarios al realizar reclamos debido a problemas en el sistema SARA de Edersa.

El presidente de la CAIC también cuestionó la relación entre el EPRE y Edersa, en particular, el destino de las multas, que según él, se entregan a una empresa relacionada con Edersa para la urbanización de asentamientos en lugar de beneficiar a los usuarios.

Grasso planteó preguntas sobre la posibilidad de posibles prácticas irregulares y el motivo detrás de la falta de audiencias públicas presenciales. En última instancia, solicitó al EPRE que cumpla con su rol de defensor de los derechos de los usuarios.