Durante una audiencia judicial, a pedido de la fiscalía se resolvió ampliar el plazo de investigación por el delito de “torturas seguidas de muerte”, por el que están imputados cinco efectivos policiales de la comisaría 45 del Anai Mapu. También se extendió el plazo de prisión preventiva, ya que se entiende que existe de fuga y que, dada su condición de integrantes de la fuerza de seguridad, pueden influir sobre el desarrollo de la investigación.

La víctima fue Jorge Gatica, un vecino del barrio que había sido detenido por un hecho menor. Según trascendió, la fiscalía está esperando una pericia de ADN que se está realizando en el laboratorio de Bariloche y que sería clave para determinar responsabilidades

El violento hecho se produjo el 9 de enero a la madrugada. Gatica presentaba las costillas fracturadas, graves lesiones en los testículos y murió de una hemorragia hepática. El informe previo de la policía decía que se había “autolesionado” golpeándose en la cabeza porque no quería volver al penal. El fallecido había salido de la cárcel de Roca una semana antes, luego de cumplir una condena por robo.

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Sin embargo, la autopsia que realizó el cuerpo médico forense desmintió totalmente la hipótesis que plantaron los policías: revelaba “hemorragia interna”, “lesiones viscerales” y “politraumatismos”.

Los policías Jorge Sosa y Alcides Quintrel son los más comprometidos en la investigación por el homicidio y por esa razón están con prisión preventiva en una unidad de detención. Pero esa situación no les quita responsabilidad a los otros tres uniformados que esa noche integraban el equipo de guardia. Ellos son Andrea del Carmen Henríquez (que se quebró durante la audiencia de formulación de cargos y directamente responsabilizó a Sosa por los golpes); Gastón Moraga (quien intentó reanimar al hombre luego de la paliza que le dieron sus compañeros), y Walter Carrizo.

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Henríquez, Moraga y Carrizo se encuentran con prisión domiciliaria. En el caso de la mujer, fue autorizada a llevar a sus hijos menores a la escuela

Los representantes de la familia insistirán en la calificación de “torturas seguida de muerte”, un delito agravado además por ser cometido por miembros de las fuerzas de seguridad, contra los cinco efectivos. De mantenerse esa calificación, el Código Penal establece la única posibilidad de condena a perpetuidad.

La fiscalía tiene sus dudas sobre esa estrategia: de acuerdo a las versiones recogidas en Tribunales, la pericia de ADN que se está esperando permitiría definir bien quién fue el responsable de la golpiza que terminó con la vida de Gatica. De allí que el peso de la acusación recaería sobre esa persona (todo indica que sería Sosa, con la colaboración de Quintrel). Los otros tres, podrían ser enjuiciados por encubrimiento.