La Justicia admitió la acción de amparo por la falta de alimentos en escuelas de Roca presentado por Unter

La titular del Juzgado Civil N° 1 de Roca ha declarado admisible una acción de amparo presentada por representantes del sindicato docetes (Unter) debido a la suspensión del suministro de alimentos frescos en los comedores de varias escuelas de la ciudad.

En su resolución, la jueza ha enmarcado esta presentación como un "amparo colectivo", reconociendo la legitimidad de Unter para llevar adelante esta acción y formalizando los primeros pasos necesarios de acuerdo a la Ley de Intereses Difusos y/o Derechos Colectivos de Río Negro (Ley B Nº2779).

La jueza ha establecido una audiencia con representantes de varios organismos provinciales para el próximo 11 de septiembre. En dicha audiencia, se abordará conjuntamente la problemática de la falta de insumos alimenticios en los colegios, y se espera que cada organismo concurra con instrucciones y alternativas de soluciones para este caso.

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La resolución también ha establecido el grupo de personas que serán alcanzadas por este proceso judicial, que incluye a niños, niñas, adolescentes y el resto de la comunidad educativa que asiste a varias escuelas primarias, escuelas especiales y el Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) de Roca.

La presentación de Unter destaca que desde mediados de agosto se ha suspendido la entrega de alimentos frescos e insumos en 11 de los 25 comedores escolares de la ciudad.

La jueza ha subrayado la "preferente tutela constitucional" que tienen los niños, niñas y adolescentes, y ha explicado que este caso debe ser tramitado como un amparo colectivo debido a la protección de cualquier "bien y/o valor social que responda a necesidades de grupos humanos, con el fin de salvaguardar la calidad de vida".

En cuanto a la legitimación de Unter para impulsar esta acción, la resolución ha precisado que el estatuto del sindicato le asigna la misión de generar acciones que garanticen la igualdad de oportunidades y posibilidades en el ejercicio del derecho social a la educación, sin discriminación, para niños, niñas, jóvenes y adultos de la provincia.

Como primera medida, la jueza ha otorgado un plazo de dos días a las escuelas involucradas para que informen al juzgado sobre la situación actual de sus comedores, incluyendo detalles de los faltantes, la fecha de corte de suministro y el proveedor responsable. Además, ha solicitado informes al Ministerio de Gobierno y al Ministerio de Educación de la provincia para asegurar la bilateralidad del proceso.

También se ha dado intervención al Ministerio Público Fiscal y a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, quienes serán convocados a la audiencia del próximo lunes. En esta audiencia participarán una Defensora de Menores, los amparistas con su patrocinio legal, representantes del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Educación, de la Delegación local del Consejo Provincial de Educación y un apoderado de la Fiscalía de Estado, ya sea de forma presencial o remota.