Por encargo de Naciones Unidas, desde 2013, esta fecha es el Día Mundial de la Trata de Personas para concientizar sobre esta problemática, y quien tiene mucho para contar es Fernanda Calfin, delegada de Rio Negro en el Comité Ejecutivo nacional para La Protección y Asistencia a las Víctimas.

Explicó que en el caso de la provincia se continúa trabajando fuertemente en brindar asistencia y acompañamiento a las víctimas que han sido damnificadas por este delito, sea con fines de explotación sexual y/o laboral, de acuerdo a las órdenes de la justicia federal.

Reveló al medio capitalino NoticiasNet, que desde el gobierno de Rio Negro se ha intervenido en varias causas ordenadas por la Justicia Federal sobre todo en valle medio y alto valle. Fueron abordadas por distintos organismos municipales, provinciales y nacionales, y en su mayoría el resultado fue vulneración de derechos y en algunos casos de explotación laboral.

En el caso de las presuntas víctimas que han sido trabajadores temporarios se realizó el traslado pertinente para el retorno a su lugar de origen, aclaró. Uno de los casos más resonantes que motivó la intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia ocurrió últimamente en inmediaciones de Guardia Mitre.

La funcionaria destacó que la Argentina es uno de los países que lidera la lucha contra la Trata. Más de 4000 personas fueron rescatadas entre 2020 y 2023. Es el primer Comité de Lucha contra la Trata, desde su creación en 2012, que elabora y ejecuta dos planes bienales y que además fue calificado, los cuatro años consecutivos, en la máxima categoría, a nivel global, entre los países que más se esfuerzan en luchar contra la trata.

La Trata afecta gravemente la vida y la dignidad de las personas: son privadas de su libertad y sometidas a la explotación sexual, laboral, trabajos forzados, extracción de órganos, mendicidad, entre otras modalidades, y representa el tercer delito más rentable del crimen organizado, luego del tráfico de armas y el tráfico de drogas, y factura ilegalmente alrededor de 200.000 millones de dólares, sobre la base de una acumulación mafiosa de capital que pisotea la dignidad de los más vulnerables.