Aprobado el juicio masivo en El Salvador contra pandilleros detenidos

El Congreso de El Salvador aprobó una medida sin precedentes que permitirá el procesamiento colectivo de presuntos pandilleros detenidos. Con 67 votos a favor y 6 en contra, se aprobó un decreto que agrupará los juicios de hasta 900 reclusos pertenecientes "a una misma estructura terrorista o agrupación ilícita". Esta medida, promovida por la administración del presidente Nayib Bukele, busca agilizar el juzgamiento de miles de capturas realizadas en el marco del régimen de excepción.

Las autoridades del Congreso argumentaron que esta medida permitirá a la Fiscalía presentar pruebas de manera más eficiente, evitando tener que hacerlo de forma individual en cada caso. Además, esta disposición permitirá mantener a los detenidos bajo el régimen de excepción durante hasta 24 meses antes de que sean llevados a juicio o liberados por la fiscalía.

Sin embargo, la oposición ha cuestionado esta medida. El diputado Jaime Guevara, del Frente Farabundo Martí, consideró que esta disposición "solo busca resolver el colapso que tiene el sistema judicial" debido a la gran cantidad de capturas realizadas en el último año. Según las cifras del gobierno de Bukele, más de 72,000 pandilleros han sido detenidos en poco más de un año.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, se refirió a esta situación como algo sin precedentes en la historia del mundo. La disposición transitoria aprobada permitirá la presentación de más de 900 imputaciones por clica (célula), facilitando así el juzgamiento de los pandilleros y aliviando la carga del sistema judicial y los tribunales.

La Fiscalía podrá presentar los mismos elementos de prueba en contra de un grupo de pandilleros que pertenezcan a una misma célula, operen en una misma zona geográfica o hayan participado en un mismo hecho delictivo. Esta medida, respaldada por los aliados del presidente Bukele en el Congreso, buscará mejorar la eficiencia del sistema judicial en el procesamiento de casos relacionados con pandillas.

Con esta nueva disposición, El Salvador enfrenta una nueva estrategia para combatir el crimen organizado y los altos índices de violencia que afectan al país centroamericano. Como parte de la política de mano dura implementada por el gobierno de Bukele, se espera que esta medida tenga un impacto significativo en la persecución y sanción de pandilleros detenidos.

El país seguirá de cerca los resultados de esta innovadora disposición y su efecto en la lucha contra las pandillas, al tiempo que se mantendrá la discusión sobre posibles efectos en el sistema judicial y los derechos de los imputados. Esta medida marca un precedente en la historia de El Salvador y podría tener un impacto importante en el tratamiento de casos relacionados con pandillas en el futuro.