El conflicto entre el Gobierno y un sector de los policías retirados y en servicio, se encuentra en un momento de alta tensión por una nueva medida de protesta.

Cerca de las 16, Ruben Muñoz, policía exonerado de la fuerza, y Zulma Dávila, de la CTA, ingresaron a la Unidad Regional Segunda y decidieron apostarse allí. Su postura es una sola: hasta que la Gobernadora Carreras o la ministra de Seguridad, Betiana Minor, no se comunique con ellos, no saldrán del lugar.

Adentro, permanecen ellos dos y afuera los acompaña un puñado de retirados junto a un gran número de familiares.

Adentro de la Unidad Regional habían quedado una efectiva policial y un administrativo que según los manifestantes "se negaron a salir", pero luego de algunas negociaciones, terminaron retirándose del lugar. 

En el lugar, la situación fue tensa. Hasta allá llegó el COER con varios efectivos, pero el desalojo no se dio ya que luego de poco más de una hora de diálogo entre los manifestantes y jefes policiales, los efectivos del grupo comando se retiraron del lugar.

Luego, pasadas las 22, también se acercó la fiscal Norma Reyes, quien garantizó que no se realizaría ningún desalojo a pesar del delito que se está llevando a cabo en estos momentos por la toma de un edificio público. Sin embargo, la medida busca generar cierta calma luego de varias horas de tensión.

Entre los reclamos, además de la cuestión salarial, los policías piden que cesen los traslados de distintos efectivos de la fuerza, a otros puntos de la provincia, tras las medidas de reclamo que han realizado en las últimas semanas.