El Gobierno está analizando dejar sin efecto la ley que regula el mercado inmobiliario y estudia alternativas para reemplazarla. Qué pasará con los contratos vigentes.

La novedad de una nueva ley generó incertidumbre entre los inquilinos, sobre todos los que buscan nueva vivienda y los que están por renovar contrato.

Según trascendió, el Gobierno quiere avanzar en la suspensión de la Ley de Alquileres, vigente desde julio de 2020. Entre los inquilinos, los propietarios y las inmobiliarias crecen la incertidumbre y las expectativas de lo que puede ocurrir con los contratos ya firmados.

De este modo, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, acordaron encontrarle una solución al tema, por lo que se analizaban alternativas posibles para reemplazar la normativa actual.

Cabe mencionar que uno de los primeros efectos no deseados que tuvo la ley de Alquileres fue una suba por encima de la inflación para los nuevos contratos. En parte porque el mercado inmobiliario ofrece menos propiedades en alquiler y a precios más elevados.

Asimismo, muchos propietarios retiraron sus propiedades de la oferta de alquileres y las pusieron en venta o en renta temporaria, un mercado que promete rentas dolarizadas. El costo del alquiler en la Argentina subió un 245% desde la sanción de la ley N°27.551.

En este sentido, a través de un comunicado, la Federación de Inquilinos consideró que “es una incógnita lo que hará el gobierno nacional” y que los alquileres “se están dolarizando y no hay contratos registrados”.

Desde la entrada en vigencia de la Ley de Alquileres, se presentaron unos 30 proyectos legislativos en el Congreso para realizar modificaciones al proyecto original, pero ninguno logró avanzar.

Los inquilinos deben saber que los ajustes en el precio de alquileres tienen que efectuarse utilizando un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) que debe ser elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central (BCRA).