El miércoles, alrededor de las 20, el gobierno rionegrino a través del Ministerio de Trabajo informó a la sociedad que se dictó la conciliación obligatoria entre UnTER y Educación de Río Negro. La comunicación fue minutos después que se conociera el rechazo a la propuesta de paritarias y se anunciara un paro por 48 horas. 

Desde el sindicato, se alegó que ellos no fueron notificados debidamente sobre la determinación de obligar a las partes a llegar a un acuerdo e impedir medidas de acción directa.

Ante esta situación, el ministro de Trabajo Jorge Stopiello, argumentó que “los horarios no eran los usuales para este tipo de diligencia. Ante esto, se apeló a lo que habilita el artículo 141 del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación, que es pegar la notificación en el frente del domicilio legal”.

De esta forma se pegó con cinta la notificación en las sedes de la UnTER en Viedma y General Roca.

El art. 141 establece que Cuando el notificador no encuentre a la persona a quien va a notificar, entregará el instrumento a otra persona de la casa, departamento u oficina, o al encargado del edificio, y procederá en la forma dispuesta en el artículo anterior. Si no pudiere entregarlo, lo fijará en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares.

El secretario adjunto de Unter, Gustavo Cifuentes calificó el accionar del Gobierno provincial como burlesco e intimidatorio.

"Se recurre a todas las herramientas que tienen a su alcance para que nosotros desistamos de esta medida, que la vamos a ratificar por el día de hoy y de mañana porque no hemos sido notificados formalmente. Que nos llegue la información a través de los medios de comunicación y del Ministerio de Educación es una manera burlesca e intimidatoria", dijo. 

A pesar de las acusaciones cruzadas entre las partes en torno a la notificación el carácter obligatorio de la conciliación establece que las partes están obligadas a cumplir con la conciliación obligatoria. Esto implica desistir de realizar las acciones que dieron inicio al conflicto y sentarse a negociar. La ley prevé multas económicas para las partes que no acaten la conciliación.