Insólito e increíble son algunos de los calificativos con que se puede definir una situación como esta. Y también, como alguna de las variantes de la “Ley de Murphy”: si algo puede pasar, pasará. Un cliente del Alto Valle pagó el total del valor de una camioneta Amarok pero desde la concesionaria tardaron más aun año y medio en darle una respuesta. Un largo proceso judicial, con apelaciones mediante, terminó en una sentencia a favor del cliente: tendrán que entregarle la unidad a la brevedad y además, indemnizarlo por daño moral.

Esta persona decidió que la única manera de alcanzar su sueño por la camioneta de sus sueños era suscribirse a un plan de ahorros de 84 cuotas. Es decir, siete años. Después de cinco años y medio, cuando tenía que pagar la número 55, decidió licitar con el equivalente a las 34 cuotas faltantes.

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Como optó por un cambio de modelo, tuvo que pagar el adicional y esperar un plazo de 135 días. El hombre, un vecino de Cipolletti, decidió esperar con paciencia. Pero el tiempo pactado se cumplió y el vehículo no llegó. Entonces empezó a mandar cartas documento intimando la entrega del bien que ya había pagado.

Y los desengaños del comprador siguieron. Casi un año después, la concesionaria (Iruña, de la ciudad de Neuquén), le avisó al comprador que ya había llegado la unidad. Y hasta le advirtió que si no la retiraba comenzarían a cobrarle 500 pesos por cada día de estadía. El hombre concurrió al local comercial y, sorpresivamente, le informaron que la unidad no estaba disponible a pesar de la intimación.

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Ahora, el fallo Civil condenó a dos empresas. La firma que administra el plan de ahorro (Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados, que en realidad es de la misma fábrica pero tiene otra figura legal), y la concesionaria Iruña. En 20 días deberán entregar una camioneta Amarok 2.0 TDI Confortline Automática 4x4 o su equivalente en dinero. El fallo ya transitó la instancia de apelaciones y fue confirmado. La solución del caso receptó además una indemnización económica para el cliente por el tiempo en que no pudo disponer de la camioneta y por la conducta de las empresas demandadas que infligieron la normativa de la ley de Defensa del Consumidor.