Represas: Río Negro y Neuquén están preocupadas por la falta de respuestas de Nación

Los plazos se van acortando: los contratos de concesión de las represas hidroeléctricas ubicadas sobre los ríos Limay y Neuquén, vencen en agosto de 2023. Pero seis meses antes, en febrero, Nación debe adelantar a las provincias y a las empresas qué camino se adoptará. Es decir: no más allá de febrero.

A todo esto, las presas tienen que seguir generando energía; y los encargados del control, garantizar el funcionamiento del sistema. Es más: el mes pasado finalizó una auditoría que supervisó las cuestiones estructurales de los diques, con buenos resultados. Y en abril del año que viene está previsto un análisis de los componentes electromecánicos. ¿Pero quién se hará cargo?

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La secretaría de Energía de la Nación no ha dado ninguna señal pública. Ante la ansiedad de los funcionarios de Río Negro y Neuquén, responden con cara de póker o directamente dilatan las entrevistas. Durante una charla informal, el segundo de la repartición, el subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, afirmó que no habrá margen para la participación de las provincias.

“Ustedes tienen razón pero estamos en otro contexto”, habría respondido el funcionario a un neuquino en su despacho de Buenos Aires.

La sospecha crece: la intención de la secretaría es avanzar hacia la prolongación de los actuales contratos, un camino de menos complicaciones.

Río Negro y Neuquén no tienen dudas: la Constitución reformada en 1994 les concedió a las provincias el dominio originario de los recursos naturales, lo que incluye los cursos de los ríos. Le reconocen a Nación la inversión realizada en la construcción de las represas, por lo que entienden que el sistema debería ser administrado integralmente por una sociedad mixta entre las tres provincias (se sumaría Buenos Aires por el último tramo del río Negro, en Carmen de Patagones, y el Estado Nacional.

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El representante de Neuquén en la AIC, Elías Alberto Sapag, milita fervorosamente para la conformación de esta “Hidronor federal”. Fernando Curetti, titular del DPA y delegado rionegrino en la Autoridad de Cuencas, es más flexible: sea cual sea la decisión, primero hay que definir algunas cuestiones técnicas y operativas de base. “Después de 30 años de concesión, tenemos que redefinir las normas de operación y de manejo de agua. Hay que incorporar las modificaciones tecnológicas que se produjeron y todo lo que fuimos aprendiendo sobre el desempeño de los ríos”, puntualizó.