Corrupción: formulan cargos a ex-funcionario por otorgar trabajos a su propia cooperativa

Se formularon cargos contra Fabián Alberto Heuberger, quien fuera subsecretario de Espacios Verdes de la Municipalidad de Neuquén hasta mediados de 2021, por haber participado en la contratación, desde el área que estaba a su cargo, de una cooperativa que fundó e integró hasta poco antes de asumir en esa función pública.

La acusación abarca, en dos hechos, la firma de contratos para el mantenimiento de espacios verdes; en otros dos, para la compra de 1.300 macetas; y en uno, para la adquisición de 20 mesas de ping pong.

El fiscal jefe Pablo Vignaroli detalló cinco hechos que implicaron la contratación de la cooperativa de trabajo Cotrajun (Trabajando Juntos Ltda.) y, en todos los casos, acusó a Heuberger por haber realizado maniobras para beneficiarla.

En dos de los hechos, los cargos fueron contra el ex funcionario  y las otras tres personas acusadas. En estos casos, la cooperativa fue contratada para brindar servicios de mantenimiento, jardinería y desinfección de espacios verdes de la ciudad de Neuquén en distintos períodos de 2020 y 2021 por un total 127 millones de pesos.

Heuberger también fue acusado en los otros tres hechos: la compra de 1300 macetas por un total de 3.900.000 pesos (en dos compras) y la adquisición de  20 mesas de ping pong por 622.000 pesos.

El fiscal también formuló cargos a otras tres personas que no son funcionarios públicos: M.D.L.A.S.; B.S.M.; y B.I.M. En estos casos, el equipo fiscal, integrado también por el asistente letrado Juan Narváez, les atribuyó ser partícipes necesarios en dos hechos. 

La querella particular, en representación del denunciante, el concejal de la ciudad Juan Peláez, adhirió en general a la acusación fiscal, pero marcó diferencias respecto de la participación de las personas acusadas y de la distinción de los hechos. Por esa razón, a pesar de que las defensas no objetaron la formulación de cargos realizada por la fiscalía, el juez a cargo de la audiencia optó por tomarse un plazo de 48 horas para resolverlas.

Vignaroli solicitó un plazo de 3 meses para desarrollar la investigación e indicó que se encuentra en marcha la elaboración de un informe que permita determinar si, además, con la firma de los contratos se produjo un perjuicio a la administración pública.

Tras escuchar a las partes, el juez de garantías a cargo de la audiencia informó que el veredicto se comunicará en audiencia pública dentro de las siguientes 48 horas.