Hoy se cumplieron 15 años de la desaparición y femicidio de Otoño Uriarte, la joven de 16 años oriunda de Fernández Oro. En su causa hubo seis imputados que fueron sobreseídos y que actualmente se encuentran en libertad.

Otoño fue vista por última vez el 23 de octubre del 2006. Los padres de una de sus amigas la vieron esa noche, alrededor de las 23 horas, cuando pasó de camino a su casa cuando volvía de una clase de Educación Física. Su cuerpo fue encontrado sin vida el 26 de abril de 2007 en el canal de riego de Cipolletti, en la zona conocida como El 30.

Su caso es emblemático para la región porque una vez más dejó en evidencia la lentitud a la hora de hacer justicia por las víctimas de femicidio. Ni el Poder Judicial ni los sucesivos gobiernos han arbitrado los medios para que el caso avance. Es un crimen que hasta el día de hoy continúa impune a pesar de las continúas denuncias de familiares y amigos de la víctima.

Cuando inició la investigación, y durante 4 años, el caso estuvo a cargo de la Jueza de Instrucción María Carmen García. La hipótesis principal apuntaba a una red de prostitución y trata en la que estarían vinculados policías locales, proxenetas y prostíbulos. En ese momento, la evidencia señalaba a un grupo de sospechosos: Néstor Ricardo Cau, Germán Ángel Antilaf, José Hiram Jafri, Maximiliano Manuel Lagos, Federico Axel Saavedra y Juan Marcelo Calfiqueo. Uno de los cuales tenía en su poder la bicicleta en la que circulaba Otoño el día de su desaparición.

La Jueza procesó dos veces a este grupo de sospechosos pero en la Cámara Criminal de primera instancia se declaró nulo el procesamiento a los acusados, utilizando como argumento “que se les había imputado el homicidio y el encubrimiento, algo jurídicamente imposible”. En la segunda instancia, la Cámara volvió a objetar y esta vez dijeron que las pruebas contra los acusados eran muy escasaz. Después de esos dos intentos, la jueza se tomó licencia y no regresó al caso. 

Luego tomó el caso Sonia Martin, la secretaria de la Camara Criminal, quien únicamente firmó los sobreseimientos por falta de pruebas. A raíz de esto los hombres fueron puestos en libertad. Algunos de ellos fallecieron y de otros se desconoce el paradero. Los policías acusados también fueron sobreseídos por falta de pruebas. Pero según la investigación se encontraron escuchas telefónicas que demostrarían la complicidad entre policías y proxenetas. 

El 4 de septiembre del 2020, se logró que la causa fuera declarada compleja. Esto le otorgó otro año más de investigación para realizar pericias forenses. La reanudación del caso dió su primer hallazgo a los 4 días cuando se reveló la existencia de una comisión que organizaba una investigación paralela e ilegal en la que estaban implicados el expresidente del Superior Tribunal de Justicia Víctor Sodero Nievas y el exsubjefe de la Policía Víctor Cufré.

Ahora, la causa se encuentra en manos de la fiscal Teresa Giuffrida, en General Roca.