Cansado de esperar que se pusiera en verde el semáforo que le permitiría subir a la calzada en Ruta 22 y San Juan, el conductor de una camioneta Volkswagen Tiguan, un vehículo de alta gama, emprendió la marcha sin fijarse que no tenía el paso. En la imprudente maniobre no se percató que a escasos 500 metros había un efectivo del Destacamento de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro, a quien intentó coimear con un billete de 200 pesos.

De acuerdo con las fuentes consultadas, sobre la Ruta 22 a la altura del puesto caminero había dos agentes de la Policía realizando tareas de prevención, y fue precisamente una de ellas que alcanzó a ver como la Tiguan modelo 2018 cruzaba el semáforo de acceso a Roca por calle San Juan sin importarle que el verde le daba paso a los que salían de la ciudad y no a la mano que llega desde el oeste.

La joven policía esperó que el sujeto llegase al sector de la caminera y le pidió al conductor de la camioneta que se detenga en la banquina. Consciente de lo que había hecho, el hombre que manejaba demoró unos segundos en bajar los vidrios polarizados y fue allí que sin mediar más palabras que un "buen día", le extiende la mano con la licencia de conducir y un billete de 200 pesos.

Asombrada por lo que estaba sucediendo, la policía, una cabo 1° rechazó el dinero y llamó inmediatamente a su compañera. La uniformada le manifestó expresamente al conductor de la camioneta que no iba a recibir el dinero y que lo que intentaba hacer era un delito especificado en el Código Penal, por lo que lo instó a descender y además de la infracción de tránsito, se le dio conocimiento a la fiscal de Turno para que inicie un legajo por cohecho.

Al identificarlo, se supo que el conductor de la camioneta es un importante empresario frutícola que tiene un galpón en Regina. Fuentes de la investigación indicaron que  el hombre habría comenzado a insultar al personal.

En el caso interviene la fiscal Julieta Villa quien lleva adelante el legajo por choecho y en los próximos días estaría en condiciones de solicitar la audiencia para acusarlo por ese delito, que estipula penas de 1 a 6 años de prisión para "el que directa o indirectamente diere u ofreciere dádivas a un funcionario público para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones". (ANR)