En dos audiencias desarrolladas hoy, se formularon cargos contra Mariano Marques, el odontólogo cipoleño acusado de abuso sexual contra dos víctimas distintas ocurrido en el marco de una atención en su consultorio.

El hombre ya había sido acusado en noviembre del año pasado por un delito similar.

Uno de los hechos imputados hoy ocurrió en octubre de 2019 cuando el acusado habría abusado sexualmente de una joven mientras le realizaba trabajos de limpieza de las piezas dentales. El hecho fue calificado legalmente como abuso sexual simple y el imputado lo está a título de autor.

La segunda acusación se centró en dos hechos ocurridos en noviembre de 2019 y marzo de 2020 cuando el acusado habría abusado sexualmente de otra de sus paciente en el interior de su consultorio. Este hecho también está calificado legalmente como abuso sexual simple en carácter de autor.

Ambos hechos guardan carcterísticas similares y según indicó la fiscal adjunta que participó de la audiencia, el hombre habría aprovechdo la posición en la cual se encontraban las víctimas – acostadas en el sillón utilizado por los profesionales de la odontología - para abusar de las mismas.

En cuanto al plazo de investigación la fiscalía solicitó que el mismo sea fijado en dos meses, tiempo en el cual se estaría en condiciones de avanzar en el control de la acusación. La defensa particular que asiste al acusado solicitó que ese plazo sea de cuatro meses, toda vez que le resta aun producir toda la evidencia que pretenderá utilizar en el juicio.

La Jueza de Garantías hizo lugar al pedido de la defensa y dispuso el plazo de cuatro meses de cara a la etapa intermedia del proceso.

En noviembre de 2019, el mismo profesional fue acusado por un hecho de abuso sexual con acceso carnal, proceso penal en el cual la fiscalía ya ha solicitado el correspondiente control control de acusación.

En el marco de aquel legajo, el acusado permanece detenido en carácter de prisión preventiva morigerada bajo la modalidad domiciliaria toda vez que su defensa argumentó que en caso de permanecer detenido en una unidad de orden público la vida de su representado corría riesgo de vida.