En una audiencia de revisión de las medidas cautelares, la fiscal del caso Carolina Mauri y la asistente letrada Lucrecia Sola, solicitaron se confirme la prisión preventiva impuesta a un hombre que se encuentra imputado por el homicidio de Osvaldo Ramón Ramírez y por un caso de amenazas y otro de desobediencia a una orden judicial.

El homicidio ocurrió el pasado 16 de septiembre de 2020 alrededor de las 4 de la madrugada en una vivienda en la ciudad de Plottier, donde vivía la víctima, Osvaldo Ramón Ramírez. El acusado, con otras personas, previamente habían ido hacia el inmueble y allí permanecieron hasta que en el interior la agredieron a golpes y le dieron puñaladas. Antes de irse, incendiaron la vivienda.

“Hubo una violencia desmedida, claramente para generar el sufrimiento de la víctima, a lo que se sumó un incendio en la casa cuando la víctima estaba aún con vida”, sostuvo la fiscal del caso Sandra Ruixo al momento de la acusación. Precisó que la causa de la muerte fue traumatismo de encéfalo craneano grave, agravado por la falta de oxígeno, según la autopsia.

El otro hecho ocurrió el 22 de mayo de 2021 a las 15. Esa tarde el imputado se quitó y descartó la tobillera que le habían puesto por orden de una jueza de familia en el marco de un proceso en su contra por violencia de género.

El tercer hecho ocurrió el 6 de junio de 2021 a las 6 aproximadamente. El imputado fue al domicilio de su hermana junto a un amigo y amenazó a la mujer y a sus hijos. Allí pateó y forzó el portón de ingreso. Al no poder entrar, se retiró del lugar y fue posteriormente demorado.

Durante la audiencia, la asistente letrada explicó que en la audiencia de formulación de cargos realizada el 17 de septiembre de 2020 en relación al homicidio, se le impuso al imputado la prisión preventiva por el plazo de ocho meses. La medida fue fundada en el riesgo de fuga y entorpecimiento. Luego, esa decisión fue revisada por un tribunal, quien por unanimidad  la confirmó.

Posteriormente, en octubre del 2020, un Tribunal de Impugnación resolvió dejar sin efecto la prisión preventiva.

Sola agregó que el 15 de mayo de 2021 se presentó un escrito para realizar la audiencia de control de acusación. Y aseguró que desde la fiscalía se pretende llevarlo a juicio al imputado por el delito de homicidio agravado por ensañamiento.

El pasado lunes el juez de garantías y por pedido de la fiscalía,  dispuso que el imputado quede detenido con prisión preventiva, teniendo en cuenta el peligro de entorpecimiento, de fuga e integridad para la víctima y su familia. “La decisión no es arbitraria, es ajustada a derecho y se encuentra debidamente fundada”, sostuvo Sola. Y explicó que el magistrado entendió que la única medida para neutralizar los riesgos era la prisión preventiva. “Hoy contamos con nuevas pruebas que incriminan al imputado”, indicó Sola.

En su exposición agregó que el imputado tiene una condena de tres años de prisión por un homicidio en agresión. En ese sentido, la funcionaria explicó que cualquier condena que recaiga sobre él debe ser de cumplimiento efectivo. Y que además de los antecedentes, se tiene en cuenta la expectativa de la pena. “Se encuentran acreditados ambos riegos procesales, la medida es la única que puede neutralizar esos riesgos”.

En relación a los otros dos hechos, la fiscal del caso de la Fiscalía de Género y Violencia Doméstica aseguró que la decisión fue ajustada a derecho y que las nuevas evidencias dan fundamento a esa resolución. Esos riesgos son de entorpecimiento a la investigación y riesgo hacia la víctima. Además explicó que la expareja del imputado vive con una consigna policial y que existe un riesgo permanente.

“Entiendo que la resolución es ajustada a los hechos, a la gravedad, dictada en forma proporcional por el plazo de dos meses, teniendo en cuenta las circunstancias del hecho", expresó Mauri y al igual que lo hizo Sola, solicitó que se confirme la decisión del juez.

"Existen elementos suficientes para sostener el riesgo para la integridad de las víctimas y sus familias. El delito de amenazas en contra de su hermana, se produce en un contexto en el que ella es testigo del hecho, en un caso de gravedad, próximo al juicio y que podría entorpecer".

Por último respecto a su expareja, la fiscal explicó que el dispositivo se había impuesto como la única medida de protección posible y como alternativa a una consigna policial. “Desde que el imputado se sacó la tobillera, se dispuso un móvil policial permanente en casa de la expareja del imputado”, expresó Mauri.

Luego de un cuarto intermedio, el tribunal revisor a cargo de la audiencia resolvió por unanimidad confirmar la prisión preventiva que fue impuesta al imputado por el plazo de dos meses.  Entre sus argumentos, indicó que la decisión se encuentra fundada y ajustada a derecho y que los  riesgos procesales se encuentran acreditados. “El imputado tuvo conductas en las cuales no se sometió al proceso”.