10/10/2019

Dirigente de desocupados a prisión: “Es un disparate jurídico y político”

Dirigente de desocupados a prisión: “Es un disparate jurídico y político”

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma cuestionó en duros términos la decisión de la Justicia de dictar la prisión preventiva de Miguel Báez, de la organización de Desocupados en Lucha - Odel-, determinada a partir de los incidentes registrados en el municipio el lunes. 

Para la central gremial es “inadmisible la prisión preventiva dictada a Miguel Baez, presidente de ODEL, preso tras reclamar la inclusión de sus merenderos y comedores en las partidas de la Emergencia Alimentaria sancionada por la comuna en junio pasado. Para la Central Obrera esto no es más que un intento de disciplinar a las organizaciones poniendo la justicia en manos del poder de turno, usando la prisión preventiva como un castigo y adelanto de pena inadmisible”. sostuvieron.

Cuestionamientos a Camarda

"En la provincia se empieza a llevar adelante una de las persecuciones judiciales y políticas más grandes desde que fuera recuperada la democracia. El Juez Maximiliano Camarda, que se supone debería ser de garantías, está usando la prisión preventiva como un castigo y adelanto de pena inadmisible. Este Juez es un cobarde. Una rata con varias denuncias en su contra. Son estos los que dejan que los abusadores y violadores de menores transcurran los procesos en libertad y  encarcelan solo a los pobres. Camarda se arrastro para llegar a juez, rindió 20 veces y ahora tiene que devolverle el favor a los políticos. La prisión preventiva de dos meses se aplica solo en los casos de homicidio calificado y no en todos", 

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE y CTA Autónoma de Río negro. 

Miguel Baez fue trasladado a los Tribunales de Roca donde en la audiencia de formulación se determinó la prisión preventiva. “El dirigente está acusado de múltiples delitos, ninguno de ellos de una gravedad tal que amerite su detención por temor a una eventual fuga, sobre la cual tampoco existen indicios” afirman.

Por último remarcaron que “el procedimiento del fiscal Romero obvió la aplicación del nuevo protocolo de actuación judicial ante conflictos sociales, establecido a partir de la asunción del procurador Jorge Crespo. Sugiere a los fiscales una mediación entre las partes (en este caso la municipalidad de Roca y la CTA Autónoma) para evitar un desenlace penal”.

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