Ineptitud o deliberada actitud de dejar hacer

El gobierno rionegrino entregó la provincia a la economía extractiva sin advertir que a sus actores y a sus acciones debían controlarlos, dejándolos en absoluta libertad.

Acosado por urgencias electorales y financieras, abrió las puertas de la geografía provincial al trabajo de las empresas que dominan el proceso de exploración y extracción de petróleo y gas.

En poco tiempo, consiguió objetivos propios: el ingreso de muchos millones de pesos, que revivieron las añejas situaciones enclenques que caracterizaban al Tesoro Provincial; promovió obras, auxilió a municipios, los ministerios tuvieron plata y ganó elecciones.

 

Pero no advirtió –y si lo hizo, cerró oídos y ojos- que esa rentable actividad era incompatible con la calidad del ambiente –uno de los principales patrimonios regionales-, y más agresiva aún con la producción emblemática de la provincia, como es la fruticultura en todas sus manifestaciones y la ganadería.

Los campos petroleros viejos y nuevos son un cuadro irrefutable, de las consecuencias de la extracción de hidrocarburos; y ahora, la destrucción avanzó hacia los valles del Neuquén y del Negro. Allen, es hoy por hoy, la vidriera de esta desigual confrontación.

 

Contaminación de acuíferos subterráneos y superficiales; degradación de los sueños; afectación de los montes frutales; cambios negativos (ruidos, luces en horarios de reposo, destrozo de caminos por grandes maquinarias, etc.) en la mansedumbre que caracterizaba la vida de los lugares, sea en lo urbano como lo rural.

 

Estos días cercanos, se han producido derrames de hidrocarburos, explosiones por incidentes en pozos en operaciones, rotura de acueductos y de ductos de señales de comunicaciones. Todo en un reducido espacio de Allen, cuya población está sufriendo en forma descarnada la cara oculta de esta actividad que desvela a muchos.

 

Todo lo que ocurre y ocurrirá, en Allen y en cualquier otro punto de la provincia, tiene responsables. Las empresas responsables de las actividades, tienen las suyas, porque provocan los destrozos. Pero la responsabilidad mayor la tiene el gobierno rionegrino, que no tiene en funciones una eficaz tarea de contralor, con decisiones políticas firmes, con personal suficiente en número y capacidad, con equipamiento que le permita auditar y prever los inconvenientes que puedan producirse.

 

La repetición de los hechos dañinos a la naturaleza y a las poblaciones, nos obliga a pensar que hay una inaceptable ineptitud en los gobernantes o una deliberada actitud de dejar hacer.