“¿Para la intendenta peronista, la justicia social es despedir dirigentes sindicales?”
La pregunta la formuló Susana Elosegui a la salida de los tribunales de General Roca, donde este lunes comenzó la audiencia de juicio que enfrenta a la Asociación Trabajadores Municipales (ATM) con el municipio que conduce María Emilia Soria.
El gremio reclama que se deje sin efecto la cesantía de su secretaria general, firmada por la intendenta a fines de noviembre del año pasado. “Tanto que la señora intendenta habla del peronismo y de la justicia social… mi pregunta es: ¿cuál es la justicia social de la intendenta? ¿Para ella echar a una referente sindical que defiende el derecho del trabajador es justicia social?”, planteó.
Elosegui llegó a la audiencia con un argumento central: “No me puede echar, porque yo tengo una tutela sindical, y hay una ley que me respalda”, afirmó. Y se mostró confiada sobre la primera jornada: “Te puedo asegurar que le fue muy mal al municipio”.
Los reclamos que, según el gremio, desataron la sanción
Para la dirigente, el expediente que terminó en su cesantía no puede leerse por fuera de la agenda de conflicto que ATM mantiene con el Ejecutivo municipal. “Esto se desata por los reclamos que yo venía realizando en el 2024: el tema de la violencia de género, violencia laboral, sueldos bajos, reclamos por indumentaria, reclamos de elementos de seguridad e higiene. Todo tipo de reclamos”, enumeró.
A ese listado le sumó un componente político: “A la intendenta no le gusta la exposición o que le divulguen las situaciones negativas referidas al personal que padece la municipalidad”. Y lanzó una serie de preguntas dirigidas a Soria: “¿Qué le molesta de mí? ¿Que soy confrontativa, que le digo la verdad, que le ventilo cuestiones que pasan adentro de la municipalidad y que no tendrían que pasar?”.
El bloqueo de 2024
Según el relato de Elosegui, el punto de quiebre llegó en 2024, cuando el gremio bloqueó la entrada y salida del depósito municipal y del área de Participación Vecinal para visibilizar dos casos de violencia de género contra trabajadoras y otros dos de maltrato laboral. “Después de eso, ellos deciden realizarme un informe, el cual está lleno de vicios y manipulado. Hicieron una estrategia para asustarme y echarme. Todo para sacarme del medio”, sostuvo.
La acusación municipal, de acuerdo con la versión de la dirigente, se apoya en supuestas inasistencias durante junio de ese año. Elosegui señala una contradicción: “Ellos dicen que, en ese momento, durante el mes de junio, yo no fui a trabajar. Pero resulta que me pagaron el sueldo”.
La secretaria general explicó que en una primera instancia el juez dio por válidos los argumentos del abogado del gremio y de sus testigos, “porque la municipalidad no pudo contestar” con un informe y alegatos precisos. Fue entonces, siempre según su versión, cuando el Ejecutivo avanzó por la vía administrativa con un sumario: “El tribunal de disciplina, que responde a la intendenta, decide cesantearme. Nosotros hacemos el descargo, pero igual me llegó la cesantía el año pasado a fines de noviembre, con la firma de la intendenta”. Para el gremio, se trata de “una conducta antisindical”.
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La tutela sindical, el eje de la discusión judicial
El planteo de Elosegui remite a la protección que la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales otorga a quienes ocupan cargos de representación gremial: mientras dure el mandato, y por un período posterior, no pueden ser despedidos, suspendidos ni ver modificadas sus condiciones de trabajo sin una resolución judicial previa que los excluya de esa garantía, el trámite conocido como desafuero.
Por lo pronto, el juicio se inscribe en un vínculo que en los últimos meses acumuló episodios de alto voltaje. En septiembre, ATM y el municipio se cruzaron públicamente luego de que la comuna difundiera en sus redes imágenes de las cámaras de seguridad acusando a manifestantes de “prender fuego un árbol” durante una protesta en plaza Belgrano contra nueve cesantías; el gremio desmintió el hecho, habló de “una bengala de humo en un cantero” y anunció acciones civiles por afectación al honor de su secretaria general.
En aquella oportunidad el municipio justificó los despidos en “inasistencias injustificadas reiteradas” y en “antecedentes disciplinarios previos” de los agentes, y aseguró que los procesos se hicieron “con participación gremial y respetando el derecho de defensa”.
Pocas semanas después, el 24 de septiembre, Elosegui volvió a encabezar la postura de ATM en la mesa paritaria: firmó como “disconforme” el acta del acuerdo salarial de 5,8% de aumento hasta noviembre que sí suscribieron SOYEM, UPCN y ATE. Su participación en esa instancia, con la cesantía ya firmada, demuestra que el gremio sostiene su representación mientras la Justicia resuelve.
Ahora será el tribunal el que defina si la desvinculación de la principal referente del gremio más combativo del municipio se ajustó a derecho o si, como sostiene ATM, fue una forma de correr del medio a una voz incómoda. De todos modos, la pregunta que Elosegui le dejó a Soria ya quedó planteada en el terreno político.