La Justicia suspendió dos artículos clave de la Reforma Laboral
La administración de Javier Milei se enfrenta nuevamente a desafíos en el ámbito legal tras la decisión tomada este jueves por la justicia. Un fallo judicial ha anulado temporalmente dos disposiciones clave de la reforma laboral propuesta por su gobierno.
El juez federal, Martín Cormick, dictaminó responder a la solicitud presentada por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) con una medida cautelar. Esta decisión suspende la vigencia de los artículos 10 y 56 de la Ley 27.802. Los mencionados artículos están vinculados al papel que juegan los abogados en los casos laborales, así como a las condiciones bajo las cuales se establecen tanto el pago de las sentencias como los honorarios de los profesionales del derecho.
Desde el gremio del CPACF, se han elevado críticas significativas respecto a las modificaciones introducidas por el gobierno de La Libertad Avanza, sugiriendo que estas podrían impactar considerablemente en la forma en que los abogados ejercen su profesión. Específicamente, la preocupación radica en que los cambios generan riesgos financieros para los abogados especializados en derecho laboral y afectan adversamente la metodología para cobrar por el trabajo profesional desempeñado.
La disposición del juez Cormick detalla que esta suspensión será aplicable hasta que se dicte un veredicto final o por un período máximo de tres meses, lo que ocurra primero. En su análisis, el juez argumentó que la ley bajo escrutinio presentamos a los letrados en una posición de inseguridad jurídica, al forzarlos a interpretar o determinar si los honorarios debían ser considerados como parte de la autorización legal para el cobro, dado que aunque dichos honorarios no sean el capital de condena, si componen las costas judiciales y están contemplados dentro de la resolución judicial final.
Esta medida cautelar ha sido vista como un refugio temporal para la abogacía laboralista, que esperamos trazar un camino más claro sobre su papel y seguridad económica bajo el esquema legal actual, nutrido de elementos de incertidumbre producto de disposiciones reformistas que no especifican claramente el contexto y alcance de los costes y emolumentos derivados de su práctica profesional.