2026-07-02

Valle Sereno: formularon cargos contra la quinta imputada por la estafa al Ipross

La Justicia completó este jueves la formulación de cargos contra las cinco personas acusadas de integrar la presunta maniobra para facturar prestaciones que, según la Fiscalía, nunca fueron brindadas.

La causa que investiga una presunta estafa al Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross), la obra social estatal de Río Negro, vinculada al establecimiento de salud mental Valle Sereno-San Cirano S.A, sumó este jueves a su quinta imputada. La fiscal adjunta Gimena Ducca formuló cargos contra Paola Ulloa, acompañante terapéutica, a quien le atribuyó el rol de partícipe necesaria en los 21 hechos de estafa agravada en perjuicio de la administración pública investigados por el Ministerio Público Fiscal.

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Con esta audiencia, la investigación ya tiene como imputados a quien fuera presidenta de Valle Sereno-San Cirano S.A., Silvia Mafalda Sirotich; a su único socio y médico psiquiatra, Luis Ernesto Jesús Valsangiacomo; al médico clínico y psiquiatra Mylton Luis Mercado; a la licenciada en Psicología María del Rosario Noemí Galván; y ahora también a Ulloa.

Según la acusación fiscal, los hechos investigados habrían ocurrido entre noviembre de 2021 y julio de 2023, cuando la acompañante terapéutica habría actuado junto con el resto de los imputados en una maniobra destinada a facturar al Ipross prestaciones de salud mental que, de acuerdo con la investigación, no fueron efectivamente brindadas.

Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que los profesionales habrían confeccionado y firmado historias clínicas, planillas de asistencia e inclusiones ficticias de pacientes ambulatorios en la modalidad Hospital de Día, documentación que luego era utilizada para confeccionar las facturas presentadas a la obra social provincial.

Siempre de acuerdo con la teoría del caso expuesta por la acusación, esa documentación era remitida a la administración de San Cirano S.A., desde donde se emitían las facturas que posteriormente eran presentadas ante el Ipross para gestionar el pago de las prestaciones previstas en el convenio que mantenía el establecimiento con la obra social.

La Fiscalía sostiene que las prestaciones facturadas correspondían a módulos de Hospital de Día, una modalidad con un valor superior al de otras prestaciones por tratarse de un servicio específico de salud mental.

La prueba presentada 

Para sustentar la formulación de cargos, la Fiscalía mencionó la denuncia penal presentada por Ipross en mayo de 2024, el expediente administrativo iniciado por la obra social, documentación sobre las facturaciones investigadas, resoluciones del convenio prestacional, un Informe Técnico Contable elaborado por la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal del Ministerio Público, órdenes de pago emitidas por la obra social, informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) y del Ministerio de Salud de Río Negro, además de las entrevistas incorporadas durante la investigación.

El defensor penal público Juan Pablo Chirinos, quien asiste a Ulloa, no formuló objeciones a la formulación de cargos. No obstante, informó al juez que la defensa ya solicitó la realización de una pericia caligráfica.

Finalmente, el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos en los términos planteados por la Fiscalía y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.

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