Presunta falsa médica: seguirá monitoreada con tobillera electrónica
Mariela Fernanda Marzano continuará bajo monitoreo mediante tobillera electrónica y seguirá alcanzada por una inhibición general de bienes. Así lo resolvió este miércoles el Tribunal de Impugnación, que mantuvo las medidas cautelares impuestas en la investigación por el presunto ejercicio ilegal de la medicina.
La audiencia se realizó por videoconferencia y contó con la participación de los abogados defensores Oscar Pineda y Pablo Iribarren, quienes habían cuestionado la continuidad de las restricciones impuestas a su representada.
De acuerdo a la información a la que accedió ANR, la decisión fue adoptada mediante un voto dividido. Parte de la discusión estuvo vinculada a cuestiones de competencia, aunque el resultado final fue mantener vigentes las cautelares.
De esta manera, Marzano continuará utilizando la tobillera electrónica con monitoreo GPS y seguirá alcanzada por la inhibición general de bienes, dos de las medidas dispuestas durante el avance de la investigación.
Por el momento no se conocieron públicamente los fundamentos completos de la resolución, aunque la conclusión práctica de la audiencia fue que las restricciones seguirán vigentes.
Qué pasó con la causa
El pasado 28 de mayo, la jueza de garantías Natalia González resolvió declararse incompetente para continuar interviniendo en el legajo principal y dispuso remitir las actuaciones al ámbito federal.
La magistrada entendió que la causa ya no involucra solamente el presunto ejercicio ilegal de la medicina, sino también posibles delitos vinculados a documentación atribuida a organismos nacionales.
Durante las audiencias previas, la Fiscalía sostuvo que existen serias inconsistencias en la documentación presentada por Marzano para acreditar su formación profesional.
Entre otros elementos, mencionó un supuesto título expedido por la Universidad de Los Andes, una presunta resolución del ministerio de Educación de la Nación vinculada a la convalidación de ese diploma y una supuesta resolución de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).
Además, las fiscales afirmaron que la Universidad de Los Andes informó que Marzano no cursó en esa institución y expusieron informes migratorios que, según sostuvieron, no registran ingresos de la mujer a Venezuela, país donde aseguraba haberse graduado.
La investigación comenzó a partir de una denuncia del ministerio de Salud por presuntas irregularidades en la documentación con la que Marzano habría obtenido la matrícula profesional.
Con el avance del expediente se incorporaron allanamientos, secuestro de documentación, historias clínicas, testimonios de instituciones educativas y médicas y otros elementos de prueba. Además, la investigación sumó legajos vinculados a denuncias por presunto homicidio culposo.