Insólito: Juzgado de Faltas local anula las multas que hace el Municipio
Las imágenes de las fotomultas que se hacen en Roca no se corresponden con la realidad y se aplican multas a partir de instrumentos que, por lo menos, están mal calibrados. Eso es lo que puso en evidencia un conductor que fue multado por pisar la banda de frenado en una bocacalle, pero no estaba pisando la banda de frenado, esa línea blanca previa a la senda peatonal. Pero además habría alguna inconsistencia administrativa, porque el acta dice que una persona (la inspectora) constató la falta el 28/10/2025, pero la firma digital es de enero de 2026: hay una irregularidad en la fe pública.
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Con esas piezas, un vecino de General Roca logró lo que la mayoría de los multados no consigue: que el Juzgado de Faltas anulara su multa. Y al hacerlo, abrió una pregunta incómoda para el municipio: si el sistema falla, ¿cuántas multas anteriores fueron cobradas sin que nadie lo advirtiera?
En concreto, la jueza de Faltas aplicó el artículo 37, inciso b, de la Ordenanza 2359/96 —la norma que corresponde cuando el hecho imputado directamente no existió— y desestimó la causa. Una multa anulada. Un expediente cerrado. Y un sistema de fotomultas que dejó al descubierto sus falencias.
El primer problema es técnico y es el más grave, porque afectaría a todos los casos, no solo a este, si se parte de la base de que el sistema de radares utilizado por el municipio de General Roca incluye un componente de detección automática por software que, según surge del caso analizado, interpretó que un vehículo había cometido una infracción: pisar la banda de frenado ubicada delante de la senda peatonal.
En realidad, se demostró que el auto estaba físicamente detenido detrás de la banda de frenado, sin haberla pisado. La jueza revisó el video y lo confirmó: no hubo infracción. Lo que el software “vio” fue una ilusión óptica generada por sus propios parámetros de calibración.
Dicho de otro modo: el sistema no distingue entre un auto que cruza la línea y uno que está justo antes de ella. Y sobre esa confusión, el municipio labró un acta, inició un expediente y citó al vecino a defenderse.
La calibración de los instrumentos de medición no es un detalle burocrático. En la mayoría de los países con sistemas de radares consolidados, los equipos deben tener certificación metrológica vigente, revisiones periódicas y un margen de error documentado y conocido. Si ese margen incluye la posibilidad de confundir una infracción con la posición física de un vehículo detenido, el sistema no está en condiciones de multar a nadie.
El vecino que hizo la publicación (Diego Andrés Iraldi, ex director de Tránsito del Municipio) lo planteó con precisión: no se puede sancionar con un instrumento que no distingue la realidad de una interpretación errónea. La evidencia para multar debe ser inequívoca. En este caso, no lo era.
De la mano del privado
Pero el sistema de multas no lo opera el Estado municipal, sino que lo opera “Speed Radar Tech”, una empresa privada contratada de manera directa, “sin licitación pública”, dicen los denunciantes.
Y esa empresa es la encargada de mandar las notificaciones, pero los vecinos reportan demoras de “hasta seis meses” entre la infracción registrada y la llegada del acta. Seis meses después, el ciudadano no recuerda el día, no tiene registro del recorrido, no puede aportar testigos ni imágenes. Su “derecho constitucional a la defensa” —consagrado en la Constitución Nacional— queda reducido a nada. Y mientras tanto, los intereses corren.
Cuando los vecinos van al Juzgado de Faltas a cuestionar las condiciones del sistema, la respuesta institucional es esta: "No es nuestra culpa, es de la empresa", contó el ex funcionario.
“En definitiva, lo que han hecho es una contratación directa: compraron una pecera, le pusieron agua, nos tiraron a todos los que tenemos vehículos con patente bien colocada dentro de la pecera, y le dieron a la empresa una cañita de pescar. Esto es muy simple”, declaró.
El municipio, a pesar de otras denuncias similares contra la validez del sistema de multas automáticas, aún no ha dado explicaciones públicas sobre esta discrepancia. Y mientras no las dé, la pregunta queda abierta: si este acta tiene ese problema, ¿cuántas otras actas del mismo sistema tienen la misma irregularidad?