Fuerte operativo en el Juzgado Federal a la espera de organizaciones sociales
En la noche del lunes, se llevó a cabo un contundente operativo policial en los alrededores del Juzgado Federal de General Roca. Un extenso vallado se instaló en el frente de la institución, por momentos cortando la calle España y extendiéndose hasta la plaza Belgrano.
Piden cinco años de prisión para los integrantes del Grupo Albatros
Este despliegue de seguridad tiene lugar en anticipación al veredicto final del juicio por el asesinato de Rafael Nahuel, programado para el 29 de noviembre. La Policía Federal ha implementado un vallado completo en el Juzgado Federal de General Roca en preparación para la llegada de diversas organizaciones sociales a la ciudad.
El juicio
El próximo miércoles 29 de noviembre se conocerá el destino de los cinco prefectos acusados por el homicidio de Rafael Nahuel, según lo confirmó el presidente del Tribunal Oral Federal de Roca, Alejandro Silva.
Después de ocho horas de audiencia en las cuales los abogados defensores presentaron sus alegatos, solicitando la absolución de los delitos para sus representados y la eximición de pena, el pasado 15 de noviembre se estableció una instancia más antes del fallo definitivo.
Los defensores Marcelo Rochetti, Anabella Schmidt y Alejandra Bussetti argumentan que la muerte del joven mapuche ocurrió en legítimo cumplimiento del deber y en línea con una orden judicial de los cinco albatros imputados: Francisco Pintos, Guillermo Cavia, Carlos Sosa, Juan Obregón y Sergio García.
No obstante, desde la querella, los abogados de la familia Nahuel-Salvo solicitaron que al menos la última jornada se realice en Bariloche, donde ocurrieron los hechos. Ante esto, el magistrado afirmó que el veredicto se dará en General Roca, sin dar mayores fundamentos.
Cabe mencionar que en anteriores audiencias de alegatos, desde la querella, solicitaron la pena de prisión perpetua para los acusados por el delito de "homicidio agravado" con Rafael Nahuel como víctima y de "tentativa de homicidio agravado" contra Gonzalo Coña, Johana Colhuan, Fausto Jones Huala y Lautaro González.
Por otro lado, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz había solicitado cinco años de prisión efectiva y ocho de inhabilitación por el delito de "homicidio agravado por la utilización de arma de fuego y en exceso de la legítima defensa".