Jubilados piden declarar la emergencia social: la mínima cubre apenas el 24% de la canasta básica
El costo de vida que atraviesa la población mayor a los 60 años está impactando de manera atroz en personas que no tienen posibilidad de acceder a medicamentos, a tratamientos médicos, a una vivienda ni a poder garantizar la canasta básica. En base a ese panorama, jubilados y pensionados agrupados volvieron a inistir en la declaració de la Emergencia Social.
La cifra fue uno de los principales argumentos expuestos durante una conferencia de prensa realizada esta mañana en el Concejo Deliberante de Roca, donde representantes de la Agrupación de Jubilados Autoconvocados del Alto Valle (Adejuba), Jubilados Fiske Menuco y Jubilados y Pensionados en Lucha leyeron un documento conjunto que luego fue entregado a concejales.
El planteo busca que se declare la emergencia social, alimentaria, sanitaria y habitacional para las personas mayores de 60 años cuyos ingresos no alcanzan a cubrir la canasta básica. Además, solicitaron a legisladores provinciales y nacionales que acompañen la iniciativa.
Uno de los datos centrales del informe es el costo de la canasta básica para las personas mayores, que en octubre alcanzó los $2.090.646 mensuales, según la cifra atribuida por las agrupaciones a la Defensoría de la Tercera Edad. Frente a ese monto, señalaron que la jubilación mínima se ubicaba en $505.748, por lo que apenas permitía cubrir el 24,19% de las necesidades estimadas.
La diferencia es de aproximadamente $1,58 millones por mes. En el caso del haber previsional promedio, calculado en $790.711 en el documento, la cobertura llegaría al 37,84% de esa canasta. Es decir, tampoco alcanzaría para cubrir la totalidad de los gastos básicos.
El informe también tomó como referencia el valor de ingresos necesario para no quedar por debajo de la línea de indigencia, que ubicó en alrededor de $726.000 mensuales. De acuerdo con ese parámetro, advirtieron que quienes perciben la jubilación mínima quedan por debajo de ese umbral.
Según el relevamiento incluido en el documento, los alquileres acumularon incrementos de entre el 420% y el 560%, mientras que los alimentos aumentaron alrededor del 350%. Para los servicios públicos, como luz, gas y agua, mencionaron subas de entre el 867% y el 966%. En el transporte público, las variaciones señaladas fueron todavía mayores, de entre el 1.236% y el 1.668%.
En contraste, el documento indicó que la jubilación mínima pasó de $213.569 en diciembre de 2023 a $505.748 en octubre de 2026, una suba acumulada del 136,8%, de acuerdo con los valores consignados por los expositores.
Durante la lectura también señalaron que las personas mayores que no tienen una vivienda propia enfrentan una situación particularmente compleja. Como ejemplo, el documento estimó un alquiler de $500.000 para una vivienda básica, que representaría cerca del 75% de un ingreso de $670.000. Con ese dinero, todavía deberían afrontar el resto de los gastos mensuales.
La situación en Río Negro y el Alto Valle
El documento también incluyó estimaciones sobre la situación previsional en la provincia. Según las cifras presentadas, en Río Negro hay alrededor de 160.000 jubilados y pensionados, de los cuales unos 60.000 perciben el haber mínimo. Ese grupo representa el 37,5% del total provincial mencionado en el informe.
Para Roca, las agrupaciones estimaron entre 25.000 y 27.000 beneficiarios del sistema previsional, con una cantidad de entre 10.000 y 15.000 personas que cobrarían la jubilación mínima.
Los números locales fueron presentados como una muestra de la dimensión que adquiere el problema en la región, donde los ingresos previsionales deben afrontar gastos de vivienda, alimentación, servicios y atención médica.
En materia habitacional, los expositores advirtieron que el alquiler puede absorber una porción muy importante de los ingresos, especialmente en la Patagonia.
La salud fue otro de los ejes del reclamo. En el documento, las agrupaciones cuestionaron las restricciones en el acceso a medicamentos, las dificultades para conseguir turnos y la reducción de prestaciones que, según plantearon, afectan a jubilados y pensionados. A esto le suman las renuncias de médicos de cabecera y las demoras para acceder a especialistas y estudios.
Según los datos citados durante la conferencia que generan alarma, en 2024 fallecieron 284.798 personas mayores de 65 años en Argentina, un 8% más que en 2023. Además, señalaron que entre el 75% y el 80% de las personas mayores padece alguna patología, como diabetes y otras enfermedades crónicas, y advirtieron que las restricciones en la cobertura de medicamentos y tratamientos pueden agravar su situación sanitaria. Todo en base a los informes emitidos por el Ministerio de Salud de Nación.
"Es importante denunciar la necropolitica, es decir la politica de muerte sobre un sector que esta siendo golpeado terriblemente por este gobierno. Esa es nuestra urgencia, la de dar la posibilidad que haya algun tipo de asistencia a los más golpeados, a los que cobran la mínima, los que no tienen casas propias y quienes necesitan assitencia en salud", aseguró Noemi Laberti del Centro de Jubilados de ATE.
De esta manera el pedido apunta a que la declaración de emergencia permita priorizar recursos y agilizar la asistencia para las personas mayores en situación de vulnerabilidad. Además, las agrupaciones consideraron necesario incluir a las personas con discapacidad dentro de las medidas de protección.
Con la entrega del documento a los concejales de Roca, las agrupaciones buscaron ampliar el respaldo institucional a la iniciativa y solicitaron que representantes de Río Negro en la Legislatura provincial y en el Congreso nacional acompañen el pedido de emergencia