Muerte en un derrumbe: la causa alcanza a directivos de la empresa y suma la adulteración de un permiso de trabajo
La investigación por el derrumbe en el que murió Ariel Breppe, mientras realizaba tareas en una obra cloacal de Roca, tendrá más tiempo para avanzar. En una audiencia realizada este martes en tribunales se prorrogó el plazo de la averiguación preliminar y se planteó que la imputación debe alcanzar a diez personas vinculadas con Ecosur Bahía, entre ellas altos directivos de la empresa.
La investigación ya no se concentra únicamente en quienes tenían responsabilidades directas en la obra. Entre las diez personas alcanzadas aparecen el jefe de obra, la coordinadora de obra, un auxiliar de Seguridad e Higiene, el jefe de Producción y un capataz. Pero también el presidente de Ecosur Bahía, el gerente, el gerente de Operaciones, el supervisor general de Seguridad y el responsable de Higiene y Seguridad.
Fiscalía considera que todos ellos se encontraban en “posiciones de garantes del control de riesgo de la obra pública” y sostiene que existieron conductas negligentes e imprudentes y omisiones de las medidas de seguridad que debían adoptarse.
Pero la investigación también incorporó hechos vinculados con lo ocurrido después del derrumbe: la sustracción y ocultamiento nocturno de las carpetas técnicas del obrador y la adulteración de un permiso de trabajo de la empresa. Fiscalía vincula esas maniobras con las omisiones que investiga por la muerte del operario.
Carpetas retiradas de noche y un permiso adulterado
Uno de los puntos más fuertes de la investigación aparece en lo ocurrido con la documentación de la obra. El decreto fiscal sostiene que hubo “sustracción y ocultamiento nocturno de las carpetas técnicas del obrador” por parte de una de las personas alcanzadas por la investigación.
En el mismo tramo, Fiscalía incorpora “la adulteración del permiso de trabajo de Ecosur Bahía S.A.” y utiliza una expresión especialmente contundente al referirse a estos hechos: habla de “omisiones cuya impunidad pretendieron asegurar” mediante esas maniobras.
La calificación jurídica es provisoria e incluye homicidio culposo, lesiones graves culposas, lesiones leves culposas, encubrimiento y adulteración de documento privado.
La hipótesis fiscal también pone el foco en las condiciones en las que se realizaban los trabajos. Entre otros puntos, menciona la falta de una evaluación del terreno después de las intensas lluvias, la ausencia de un estudio previo del suelo, material acumulado junto a la excavación, falta de líneas de vida y de taludes y deficiencias en las medidas de protección contra derrumbes.
También se refiere al cajón de protección disponible para realizar los trabajos. Fiscalía sostiene que la excavación realizada con la retropala tenía dimensiones que impedían colocarlo y señala que se habría continuado “priorizando el avance de producción y colocación de caños de entubamiento”.
La investigación incorpora además advertencias previas sobre las condiciones de seguridad. Entre ellas se menciona el “peligro inminente de derrumbe” y que el viernes 6 de marzo se habría producido un colapso parcial del terreno. A esto se sumaban las lluvias y la saturación del suelo.
Fiscalía sostiene que los trabajadores descendieron igualmente a la excavación para continuar con las tareas y señala como factores del derrumbe las vibraciones producidas por la maquinaria, la sobrecarga del suelo extraído acumulado en las inmediaciones y las condiciones del terreno luego de las lluvias.
En su hipótesis, el Ministerio Público es particularmente categórico respecto de las medidas de seguridad que debían haberse adoptado. Afirma que “el resultado lesivo y fatal habría sido evitado con una probabilidad cercana a la certeza si los imputados hubiesen observado sus deberes de cuidado”.
Ariel Breppe murió el 9 de marzo mientras trabajaba en la obra cloacal que Ecosur Bahía ejecutaba en Roca. Otros dos trabajadores resultaron afectados por el derrumbe. Desde entonces, su esposa, Miriam Flores, y el abogado Ariel Balladini impulsan el reclamo para que se determinen las responsabilidades por lo ocurrido.
La audiencia realizada este martes agregó ahora una novedad procesal: la averiguación preliminar tendrá un plazo mayor y la investigación considera que la imputación debe alcanzar a diez personas, incluidas autoridades de la administración central de Ecosur Bahía.