Crece la preocupación en 20 barrios populares de Roca por posibles cambios en una ley clave
La posible modificación de la Ley 27.453, que regula la integración socio urbana de los barrios populares del país, encendió las alarmas entre organizaciones sociales, la Iglesia y miles de familias que viven en asentamientos registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Aunque en las últimas semanas trascendió que el Gobierno nacional habría dado marcha atrás con algunos cambios debido al fuerte rechazo que generaron, la preocupación continúa ante la posibilidad de que la iniciativa vuelva a ponerse en discusión.
En diálogo con este medio, Emilio Galli, militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y promotor de la Mesa de Barrios Populares de Río Negro, explicó que la principal preocupación gira en torno a la intención de eliminar el artículo que suspendía los desalojos por diez años.
"La ley crea el RENABAP y otorga un certificado de vivienda a las familias que viven en barrios populares. Si se elimina ese artículo, muchos vecinos quedarían en una situación de incertidumbre porque podrían reactivarse conflictos previos por la tenencia de las tierras y generarse nuevos desalojos", señaló.
El referente advirtió que el impacto en Roca sería significativo. Según precisó, alrededor de 4.000 familias que viven en unos 20 barrios populares podrían verse afectadas. Entre ellos mencionó a la toma Aeroclub, Alta Barda, Colonia 17 de Octubre, Quinta 25, el sector Los Hornos de Barrio Nuevo, barrio Mar del Plata, Buenos Aires Chico y parte de Paso Córdoba.
Si bien la mayoría de estos barrios ya fueron relevados e incorporados al RENABAP, algunos continúan atravesando conflictos por la tenencia de las tierras. Galli señaló especialmente la situación a un sector de Alta Barda y del barrio Aeroclub, sectores que, de prosperar las modificaciones, quedarían expuestos a una mayor incertidumbre respecto de su futuro.
En ese sentido, Galli agregó: "Lo mismo ocurriría en territorios de propiedad comunitaria o zonas rurales donde hay familias que viven hace años con una tenencia precaria"
Obras y relevamientos frenados
Galli sostuvo que, desde la llegada del actual Gobierno nacional, las políticas de integración urbana se debilitaron significativamente. Según explicó, la Secretaría de Integración Urbana fue reducida a subsecretaría, se produjeron despidos y se desfinanciaron numerosos proyectos que se desarrollaban en distintas localidades, incluida Roca.
En ese contexto, indicó que prácticamente se interrumpieron los relevamientos de nuevos barrios y familias, aunque la mayoría de los asentamientos de la ciudad habían sido registrados antes del cambio de gestión.
El dirigente también destacó la importancia del certificado de vivienda otorgado por el RENABAP, ya que constituía el reconocimiento formal de la residencia de las familias y permitía iniciar trámites para acceder a servicios esenciales.
Sin embargo, remarcó que las necesidades siguen siendo profundas. Según indicó, más de la mitad de los barrios populares de Roca no cuentan con redes de electricidad, agua o gas. Como ejemplo mencionó el caso de Los Hornos, en Barrio Nuevo, donde todavía no existen líneas de agua ni de energía eléctrica.
Además, recordó que la política de integración urbana contemplaba la ejecución de obras de infraestructura a través de municipios y organizaciones sociales. En Roca, uno de los proyectos más importantes se desarrollaba en el barrio Fiske Menuco.
"Estaba prevista la urbanización completa del barrio, con cordón cuneta, electricidad, agua, cloacas y espacios verdes. Solamente se ejecutó un 20% de la obra", afirmó, al tiempo que estimó que el Estado nacional mantiene una deuda superior a los 2.000 millones de pesos vinculada a ese proyecto.
Galli también hizo referencia a las obras de conexiones intradomiciliarias de electricidad impulsadas por cooperativas del MTE, destinadas a mejorar la seguridad de las instalaciones eléctricas en las viviendas y evitar accidentes provocados por conexiones precarias. Según indicó, esos programas quedaron paralizados y todavía existen desembolsos pendientes.
"Muchas veces las casas se prendían fuego por las malas instalaciones eléctricas. Estos programas permitían hacer las conexiones como corresponde", explicó.
Según señaló, la financiación de estas iniciativas provenía de un fideicomiso creado en 2018, alimentado posteriormente por recursos del Aporte Solidario de las Grandes Fortunas y un porcentaje del Impuesto PAIS.
El reclamo llegó al Concejo Deliberante
La preocupación por el futuro de la ley también motivó una presentación de la Mesa de Barrios Populares ante el Concejo Deliberante de General Roca. El espacio está integrado por organizaciones sociales, la ONG Techo y la Iglesia Católica, a través de Cáritas.
Según explicó Galli, solicitaron que el municipio se pronunciara institucionalmente en rechazo a las modificaciones impulsadas desde Nación y lograron que todos los bloques acompañaran un proyecto de comunicación en ese sentido.
El dirigente recordó además que la Ley 27.453 fue aprobada por unanimidad en el Congreso durante el gobierno de Mauricio Macri y aseguró que se trata de una política reconocida internacionalmente y respaldada en su momento por el papa Francisco.
Mientras la discusión continúa abierta, las organizaciones preparan nuevas acciones para mantener visible el reclamo. Entre ellas, anunciaron una movilización nacional prevista para el 1 de julio, con el objetivo de exigir la liberación de los fondos destinados a la integración urbana y advertir sobre las consecuencias que tendría cualquier retroceso en las garantías alcanzadas por los barrios populares del país.