Caso Techo Digno: Reformulan cargos contra dos empresarios y la defensa recusó al juez
En una audiencia clave desarrollada hoy en los tribunales de General Roca, el equipo del Ministerio Público Fiscal reformuló y completó los cargos contra dos empresarios de la construcción. La medida se dictó en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades y desvío de fondos en el programa federal de viviendas "Techo Digno", en la localidad de Cervantes.
Esta nueva instancia de la acusación surge tras incorporar los resultados de las pericias solicitadas a la Unidad de Análisis Contable, Económico y Financiero del Ministerio Público (UACEF), sumado a nuevas entrevistas y material probatorio que robusteció la hipótesis de la fiscalía.
La acusación fiscal: "Lucro indebido y perjuicio público"
Las fiscales Graciela Echegaray (fiscal jefe) y Mónica García (fiscal adjunta) detallaron de manera acabada cómo habría sido la "participación necesaria" de ambos empresarios en la maniobra delictiva.
A uno de los constructores se lo acusa de violar las condiciones de los pliegos de bases y condiciones en el marco del convenio ACU 1922/2014, correspondiente a la licitación 03/2014 para la construcción de "48 viviendas e infraestructura". Al segundo empresario se le atribuye una conducta similar en el mismo período, pero vinculada a la obra de "44 viviendas e infraestructura" de la misma localidad.
Según la fiscalía, los hechos ocurrieron entre el 15 de diciembre de 2011 y el 9 de diciembre de 2019, coincidiendo con los períodos en que Gilberto Montanaro se desempeñó primero como intendente de Cervantes y luego como Secretario de Gobierno y Producción.
“El ingeniero como el otro empresario percibieron un lucro indebido, que generó un beneficio patrimonial para sus empresas y, como contrapartida, un perjuicio al erario público municipal”, explicó la fiscal adjunta Mónica García.
La fiscalía recordó que el pasado 27 de abril, el exintendente Montanaro reconoció mediante un juicio abreviado haber cometido los delitos de defraudación a la administración pública y uso de documento falso. En dicho acuerdo, aceptó una pena de tres años de prisión en suspenso y "admitió que recibió dinero de más y que, a su vez, le entregó de más a los empresarios".
Por estos motivos, el Ministerio Público solicitó al Juez de Garantías que tenga por formulados los cargos contra los empresarios como partícipes necesarios de “defraudación a la administración pública” (Artículos 174 inc. 5°, en función del 173 inc. 7°, y 45 del Código Penal). Por su parte, la situación del tercer empresario imputado, Longinos Pacífico De Dios, quedó en pausa debido a que presentó un certificado médico que le imposibilita asistir a las audiencias.
Cruce de estrategias y recusación al juez
La respuesta de las defensas no se hizo esperar. Tanto el abogado particular de uno de los constructores como el defensor penal público Miguel Salomón —en representación del otro— manifestaron una férrea oposición a la reformulación de cargos.
El punto de mayor tensión de la jornada llegó cuando el defensor público recusó formalmente al Juez de Garantías interviniente. El argumento de la defensa radica en que, por razones de imparcialidad, no debería intervenir el mismo magistrado que ya actuó y resolvió en el juicio abreviado donde el exintendente Montanaro aceptó su culpabilidad.
A pesar de la insistencia de la fiscalía, que se opuso firmemente a todos los planteos defensistas, el juez resolvió suspender la definición sobre el fondo de los cargos. Ante la gravedad institucional que implica una recusación, el magistrado estableció que solicitará formalmente a la Oficina Judicial la fijación de una nueva audiencia con otro tribunal para resolver exclusivamente si él debe continuar o no al frente del caso.